El alcalde acepta pagar con dinero municipal el derribo de la parte ilegal de la iglesia y su reforma

El Ayuntamiento de Madrid, del Partido Popular, ha decidido pagar con fondos de las arcas municipales el derribo y posterior reforma de la esquina ilegal de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes (barrio del Pilar), sobre la que pesa una orden judicial de demolición desde hace seis años. Así lo ha comunicado el gerente de Urbanismo, Luis Armada, al Arzobispado de Madrid, propietario del templo, en una reunión celebrada en la mañana del pasado miércoles entre miembros del Ayuntamiento, encabezados por Armada, y representantes de la curia madrileña.

En esta reunión con representantes del Arzobispado, el gerente de Urbanismo, Luis Armada, acordó que la demolición de la parte ilegal de la iglesia (unos 12 metros) se llevará a cabo a lo largo del mes de julio. El Ayuntamiento manifestó su compromiso de pagar los costes tanto del derribo como de la reconstrucción. El concejal de Urbanismo, Ignacio del Río (PP), justificó así ayer el hecho de que el Ayuntamiento asuma el pago de la operación: "El Ayuntamiento, en 1986, dio la licencia para construir esa iglesia. Luego los tribunales han fallado que esa licencia es ilegal, con lo que la culpa, y la responsabilidad, es del municipio. Igual pasó hace poco", añadió Del Río, "con una licencia que dio el Ayuntamiento para un bloque de pisos en [la calle de Antonio Arias] Retiro que emparedaba a unos vecinos. El Ayuntamiento, tras escuchar a estos vecinos, ha tenido que revocar la licencia, pero también ha debido compensar a la empresa constructora". En el Arzobispado de Madrid ya se están haciendo los planos para la reforma de la iglesia una vez que la piqueta tire abajo la parte que acoge en la actualidad el altar mayor. El derribo de la parte ilegal de esta iglesia pondrá fin a la dura batalla que ha mantenido la Sección Primera del Tribunal Superior de Justicia con el Ayuntamiento de Madrid para conseguir que éste ejecute una sentencia dictada hace seis años y que cuenta con el respaldo del Tribunal Supremo, ante el que recurrió el Arzobispado en un intento de evitar que se tirase su templo. El conflicto, traducido en siete autos que conminan al Ayuntamiento a cumplir la sentencia, ha dejado en el camino serias secuelas penales para 23 concejales, incluido el alcalde, y para el gerente de Urbanismo. El tribunal puso como límite máximo para derribar la iglesia el pasado 18 de marzo. Sin embargo, días antes de expirar ese plazo, el Ayuntamiento acudió allí con una excavadora y por su cuenta decidió posponer la operación aduciendo que 300 feligreses se habían apostado frente al templo para impedir su derribo, hecho que comunicó al tribunal como excusa del incumplimiento de la orden.

"Interés de todo el barrio"

Algunos de los vecinos se siguen oponiendo al derribo. Isabel Devesa, una de ellos, considera que la demolición "inflige a la parroquia un daño que es muy superior al beneficio que obtienen las dos viviendas [que han recurrido]". "¿Es posible que el interés de dos personas prevalezca sobre el de todo el barrio?", añade.

Los jueces, tras la oposición vecinal, dictaron otro auto en el que rechazaron esa excusa y recordaron al Consistorio que debía emplear los medios coercitivos necesarios para dar cumplimiento a su obligación constitucional: respetar y cumplir los mandatos judiciales.

La sentencia aún da la razón a dos vecinos de un inmueble adyacente a la iglesia que acudieron a los tribunales alegando que el templo se había construido, en 1988, contraviniendo las normas del planeamiento urbanístico; es decir, a menos de cuatro metros de sus casas, y que sus elevadas paredes impedían el acceso de la luz natural a sus casas durante todo el año.

Tras el taxativo auto del Tribunal Superior en el que rechazaba como excusa para posponer el derribo la presencia de feligreses, el Ayuntamiento, en un pleno celebrado el 24 de marzo, acordó iniciar los trámites para legalizar la parte ilegal de la iglesia mediante un estudio de detalle. Los jueces se apresuraron a recordarle que ello no era posible y que la orden de derribo seguía vigente. Y, a la vez, decidieron abrir diligencias penales por presunta prevaricación contra los 23 concejales que habían votado a favor de iniciar tales trémites. Veintiúno de los concejales eran del PP y dos de IU. Éstos dos ediles se han dirigido por escrito con posterioridad a los jueces para indicarles que votaron ese acuerdo engañados por el concejal Del Río. "Nos dijo que el tema judicial que gravitaba sobre la iglesia estaba solucionado y que no había ningún problema para legalizarla", señaló el edil de IU Justo Calcerrada.

Durante toda esta polémica, los jueces han llegado a acusar al Ayuntamiento de actuar en connivencia con el Arzobispado de Madrid para esquivar y demorar la demolición del templo, y se mostraron extrañados de que los feligreses hubiesen sido informados del día en que se iba a desplazar allí la piqueta con el supuesto fin de cumplir la sentencia.