La segunda huelga general contra De la Rúa en seis meses paraliza el transporte en Argentina

Más de cincuenta personas detenidas por la policía, el sector del transporte casi paralizado, calles y accesos a la capital argentina cortados por manifestantes y atentados con cócteles mólotov se registraron ayer en todo el país durante la huelga general convocada por el ala dura de la Confederación General del Trabajo (CGT), la central sindical tradicional, apoyada por el Congreso de Trabajadores Argentinos (CTA) y los blandos o dialogantes de la CGT. El presidente argentino, Fernando de la Rúa, se enfrentó ayer a su segundo paro general en su primer medio año de gestión.

La segunda huelga en 35 días declarada por los sindicatos peronistas contra la política económica del Gobierno de la Alianza tuvo mayor apoyo que la anterior. Los dirigentes de los gremios disidentes de la CGT, encabezados por el líder de los camioneros, Hugo Moyano, convocaron esta huelga el 5 de mayo, después de que se aprobaran las reformas a las leyes laborales. La huelga de ayer fue decidida tras anunciar el Gobierno un plan económico que incluye, entre otras medidas, la reducción de entre un 12% y un 15% en los salarios de 144.000 empleados de la Administración pública. Poco después del mediodía de ayer, el ministro del Interior, Federico Storani, admitió "una adhesión del 60%" de los trabajadores.

Desde la madrugada, militantes sindicales y políticos intimidaron a quienes habían decidido trabajar. Los dueños de autobuses, que intentaron reemplazar a los conductores para ofrecer el servicio de transporte colectivo, fueron atacados con piedras. Poco después del amanecer ya no circulaba ninguno de ellos por Buenos Aires, tampoco taxis ni servicios de automóviles particulares. El plan de emergencia de los ferrocarriles y del metro se cumplió con retraso y no funcionaron los bancos ni se dictaron clases en ninguno de los tres ciclos educativos.

El presidente de Argentina, Fernando de la Rúa, que viaja hoy a EEUU en visita oficial, dirigió anoche un mensaje al país para explicar las últimas medidas del Gobierno, "que no consisten sólo en la reducción de salarios y que forman parte de un programa para reactivar la economía y apoyar a la pequeña y mediana empresa". "Tiene que haber diálogo social; pero yo fui elegido para conducir al país y sacarlo de esta situación. Respeto todas las opiniones, pero no voy a tolerar la violencia", dijo De la Rúa. "Hay que recordar cómo estaba el país el 10 de diciembre; ya estábamos en el 14% de desocupación; ya teníamos un déficit fiscal que nos llevaba al abismo; era necesario tomar estas medidas".

En la provincia de Neuquen, un grupo de manifestantes causó destrozos e intentó incendiar unas oficinas de la empresa española Repsol-YPF. Los activistas atacaron las oficinas con piedras y palos y rompieron los cristales. También arrojaron al interior de las oficinas varias telas envueltas en llamas y destrozaron los ordenadores y otros elementos de la compañía petrolera.