Vecinos y ecologistas de Puerto Real se rebelan contra la instalación de un parque de combustible

Los vecinos del Río San Pedro de Puerto Real (Cádiz) y Ecologistas en Acción han constituido una plataforma contra la ubicación de un parque de combustible en la dársena de la Cabezuela, situada a apenas un kilómetro de las viviendas que hay en la zona. La Autoridad Portuaria defiende las bondades económicas del proyecto y garantiza su seguridad. Los opositores a esta iniciativa, por contra, consideran que existe riesgo de explosión y de contaminación. La Consejería de Industria ya ha redactado un informe favorable, aunque falta el sí definitivo de Medio Ambiente.

La situación estratégica del puerto de Cádiz y la inexistencia de un operador dedicado al almacenamiento y a la distribución de combustible a los barcos en estas instalaciones han hecho de esta zona un lugar codiciado. Antonio Santoro, un empresario italiano propietario de la compañía Istamelsa y vinculado al sector bancario australiano, ha presentado el proyecto de la plataforma a la Autoridad Portuaria, que contaría con una inversión de 8.500 millones de pesetas.El parque tendría capacidad para almacenar 260.000 toneladas de fuel-oil, gasóleo y gasolina. Cada depósito se vaciaría y llenaría cuatro veces al año para garantizar la viabilidad del proyecto. Ese millón de toneladas de combustible supera en mucho las necesidades del puerto gaditano, lo que fuentes conocedoras de la operación atribuyen al interés del promotor, que también tiene intereses económicos en Tánger, de ampliar su actividad a todo el área del Estrecho, donde el movimiento de barcos justificaría la inversión y donde hasta ahora sólo están presentes las grandes petroleras.

El proyecto de ingeniería ha sido elaborado por Ecolaire, que ha previsto las máximas medidas de seguridad mediante el uso de nuevas tecnologías. Los recipientes disponen de cubiertas flotantes que eliminan las emanaciones al conseguir que el gas se licue de nuevo. Entre las medidas dispuestas se establece un sistema que retorna todos los líquidos exteriores, incluida el agua de lluvia, a la depuradora, lo que evitaría vertidos contaminantes en la zona, donde se sitúa el Parque Natural de la Bahía de Cádiz. La Consejería de Industria ya ha emitido un informe favorable, aunque aún falta que el estudio de impacto ambiental salga a información pública y que Medio Ambiente lo apruebe. Fue este último departamento el que decidió consultar a todos los colectivos vecinales, a los ecologistas así a los responsables de la Facultad de Ciencias del Mar y del Instituto Marítimo Pesquero.

El origen del problema arranca con el desmantelamiento de los depósitos de Campsa, situados en zonas urbanas de Cádiz, que comenzó hace seis años. Desde entonces el puerto no dispone de una estación de estas características. En la actualidad, Istamelsa dispone de una capacidad en el recinto fiscal de la Zona Franca limitada a 22.000 litros de combustible. La empresa holandesa Van Ommeren ya topó con el rechazo vecinal a un proyecto similar hace cinco años.

Los vecinos consideran que la barriada del Río San Pedro, muy próxima a Cádiz, ya soporta bastantes servidumbres: las actividades navales de los astilleros, la emisión de gases que atribuyen a la General Motors y los olores de la depuradora. "Hay peligros en todas estas empresas, que utilizan acetileno para soldar. El día que ocurra una explosión, que no es difícil, tendremos otra por simpatía que puede ser como la de Cádiz de los años cuarenta", dijo ayer Emilio Lainez, presidente del colectivo vecinal.

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Barra, considera "esencial" esta instalación para el puerto de Cádiz y garantizó ayer que se han tomado todas las medidas de seguridad posibles y se mostró dispuesto a eliminar del proyecto los depósitos de gasolina, "que es lo único que puede arder, porque esto no es ninguna bomba". Y agregó: "Si queremos progreso, necesitamos combustible".