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Una diputada de Guatemala pide auxilio a la justicia española

La diputada guatemalteca de izquierdas Nineth Montenegro llegó ayer a Madrid para declarar como testigo en la Audiencia Nacional en la querella abierta contra altos mandos del Ejército y la policía de Guatemala por genocidio y terrorismo. No pudo hacerlo porque está pendiente un recurso de la fiscalía contra la admisión a trámite de la querella, pero Montenegro aprovechó para pedir que las acciones de la justicia española sirvan para presionar la justicia guatemalteca: "Allí es donde hay que dar la batalla".

La solución a la "terrible crisis" que vive Guatemala no está fuera del sistema, asegura Montenegro, en referencia a las viejas luchas armadas. "Fuera [del sistema] perdimos demasiado [más de 42.000 civiles muertos durante la guerra], hay que forzar el cambio desde dentro". También piensa lo mismo de la internacionalización de la justicia: "La querella en la Audiencia Nacional debe servir para permear en Guatemala. La batalla debe ser interna, pero la presión externa es fundamental, como ha pasado en Chile".Y es que el problema de este país centroamericano es profundo: "Cualquier intento de democratización real en Guatemala toca la fibra sensible de los sectores duros del Ejército y del poder económico". Montenegro señala a los dos grandes enemigos del más que precario proceso de paz guatemalteco y reclama la instauración de "la democracia política para llegar a la democracia económica".

Esta diputada, de 42 años, adscrita a la Alianza Nueva Nación (ANN), tercera fuerza parlamentaria de Guatemala, se sienta en el escaño de una Cámara presidida actualmente -"son los costos de la democracia formal", dice- por Efraín Ríos Montt, quien dirigió como dictador militar el país entre 1982 y 1983 y que figura como inculpado en la querella que instruye en Madrid el juez Guillermo Ruiz Polanco.

Un acusado y una víctima. Montenegro es víctima directa del conflicto que arrasó ese país centroamericano durante 36 años: su marido, el universitario Edgar Fernando García, fue secuestrado por fuerzas del Estado en febrero de 1984; las mismas a las que la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, formado tras los acuerdos de paz, responsabiliza del 93% de las violaciones de los derechos humanos.

Montenegro fue fundadora del Grupo de Apoyo Mutuo, creado por familiares de desaparecidos y que ha documentado unos 7.000 de esos casos. Ayer explicó cómo "15 años después", y gracias a documentos que el Archivo Nacional de Washington compró al Ejército guatemalteco, supo cómo desapareció su marido junto a otros 175 estudiantes.

Pero el pasado le preocupa menos que el futuro. Según dice, de enero a abril, 200.000 guatemaltecos han perdido su empleo; "el Estado sólo existe en la capital"; "el poder político ha sido tomado por el poder económico, y "el movimiento social está desestructurado".

Para esta diputada progresista, la izquierda está "rota". "La derecha ha sabido reciclarse bien, el programa de [el presidente, Alfonso] Portillo tiene mucho de izquierda; y la izquierda, para tratar de buscar su espacio, empieza a tener un discurso que llaman socialdemocracia. Nos falta identidad y no tenemos perspectivas", remata Montenegro.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 8 de junio de 2000

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