Belgrado pide a la ONU la retirada de su misión y las tropas de Kosovo

El Gobierno de Yugoslavia ha pedido al Consejo de Seguridad de la ONU la retirada de la fuerza multinacional (Kfor) y de la misión civil (Unmik), según declaró ayer el primer ministro, Momir Bulatovic, en una intervención en la televisión estatal serbia RTS.Bulatovic anunció que el Gobierno había decidido en una reunión presentar esta petición al Consejo de Seguridad. Añadió Bulatovic que también piden la anulación de una serie de decisiones adoptadas por el representante de la ONU en Kosovo, el francés Bernard Kouchner. Belgrado las considera ilegales y contrarias a la resolución 1.244 del Consejo de Seguridad de la ONU, adoptada el 10 de junio del año pasado, que puso fin a los bombardeos de la OTAN contra Yugoslavia.

En el documento que leyó Bulatovic se declara que el Gobierno pide al Consejo de Seguridad que anule las decisiones de Kouchner contrarias a la resolución 1.244 y "que condene con la mayor severidad la actividad del jefe de la misión de la ONU, que ponga fin a la misma y que retire las fuerzas de la Kfor y la Unmik, que son responsables directas de la violación sistemática de la resolución del Consejo de Seguridad. Este organismo se reunirá en breve para analizar la situación en Kosovo y para hacer balance un año después de la guerra.

Recursos ante La Haya

El recurso presentado por Belgrado ante el Tribunal Internacional de La Haya contra ocho Estados de la OTAN por usar ilícitamente la fuerza en la guerra de Kosovo será juzgado a principios del año 2001. Así lo manifestó ayer el presidente del alto tribunal de Naciones Unidas, Gilbert Guillaume, durante su presentación ante la prensa en Bruselas cuatro meses después de asumir el cargo. Guillaume recordó que aunque Yugoslavia también incluyó en su recurso a España y Estados Unidos, la Corte se declaró no competente jurídicamente para examinar la denuncia en estos dos casos el 2 de junio del pasado año.

Se trata de un asunto jurídico, ya que, aunque ambos Estados son signatarios de la Convención sobre el Genocidio (en la que basó Belgrado su denuncia) incluyeron cláusulas que técnicamente impiden que la corte se declare competente en este caso. Por ello, los países encausados son Bélgica, Canadá, Francia, Alemania, Italia, Holanda, Portugal y Reino Unido. El presidente del Tribunal Internacional de La Haya precisó que, a diferencia del Tribunal Penal Internacional para juzgar los crímenes contra la antigua Yugoslavia, con sede en la misma ciudad, la Corte en este caso no se pronunciará sobre personas físicas sino sobre el respeto al derecho internacional.

Gilbert Guillaume informó de que 24 casos están pendientes de fallo en el Tribunal en estos momentos, relacionados en su mayor parte con diferencias fronterizas entre Estados o cuestiones de soberanía.