El PSC e IC-V atribuyen a una mala planificación el aplazamiento del nuevo sistema de transporte sanitario

El Servicio Catalán de la Salud (SCS) ha aplazado hasta el 1 de octubre la puesta en marcha del nuevo sistema de transporte sanitario público, que se adjudicó por concurso público hace un mes y debía empezar a funcionar el próximo 1 de julio. El SCS argumenta que el aplazamiento servirá para solucionar problemas de subrogación del personal de las empresas que han perdido la adjudicación a las nuevas operadoras.El PSC e IC-V, sin embargo, sostienen que la demora "da la razón a las voces críticas" que advertían de la falta de planificación en la implantación del nuevo modelo de transporte sanitario, que antes se adjudicaba directamente y recaía mayoritariamente sobre la Cruz Roja.

El SCS asegura que la decisión de aplazar tres meses la puesta en marcha del nuevo sistema se ha tomado "a petición de las empresas" que han ganado el concurso. Las bases establecían, como condición indispensable, que los empleados de las empresas de ambulancias que perdieran el concurso debían pasar a depender de las nuevas adjudicatarias. Este proceso ha supuesto algunos problemas que "deben resolverse con pactos entre empresas", sostiene el director del SCS, Josep Prat.

El Departamento de Sanidad afirma que las empresas que hasta ahora ofrecían el servicio están obligadas a mantenerlo hasta octubre. Algunas de ellas han iniciado ya un proceso de reconversión al enterarse de que dejarían de prestar el servicio. El SCS asegura que estos casos se resolverán y no descarta que se implante antes el nuevo sistema de transporte sanitario en alguna zona si se alcanza un pacto entre empresas para la subrogación de empleados.

Tanto el PSC como IC-V han denunciado que Sanidad ha adjudicado los 48 lotes (correspondientes cada uno de ellos a una área geográfica concreta) sin haber analizado previamente las necesidades reales en cada zona. La diputada de IC-V Dolors Comas interpelará hoy en el Parlament al consejero de Sanidad, Eduard Rius, para que explique por qué no se ha efectuado tal estudio. La diputada ecosocialista reprochará también al consejero que no se haya planificado la coordinación de las empresas adjudicatarias con los bomberos, las diferentes policías, los entes locales y la red hospitalaria.

Otra crítica de IC-V compartida por el PSC será que "se ha adjudicado el servicio a empresas sin experiencia y, en algunos casos, sin ninguna ambulancia adaptada para minusválidos". En este sentido, la diputada socialista Maria Àngela Gassó criticó que la empresa que trabajaba para el instituto Guttman con ambulancias habilitadas se haya quedado sin el servicio.

La adjudicación también ha creado malestar en la Cruz Roja, que se ha quedado con 8 de los 48 lotes. El delegado de la Cerdaña ha sido destituido tras criticar "la incompetencia de los directivos en las negociaciones con el SCS".