La suspensión del Partido del Trabajo deja sin canales políticos a los islamistas egipcios

"Es una lucha política", explica Mahfuz Azzam, miembro del comité ejecutivo del Partido del Trabajo, la única representación islamista legal en Egipto, suspendido a finales de mayo con el pretexto de que había "disensiones en su liderazgo". "El Gobierno se ha dado cuenta de nuestra influencia en la calle y entre la gente", añade convencido de que la medida trata de evitar su presencia en las elecciones legislativas del próximo septiembre. "Después de gobernar durante 50 años, deben sentirse muy débiles para tomar esta medida".

A pesar del optimismo oficial por el triunfo sobre el terrorismo islámico que castigó Egipto entre 1992 y 1997, los islamistas continúan siendo la principal oposición al régimen y la ausencia de reformas políticas paralelas hace temer que las frustraciones "sólo se hayan enterrado". Prohibido desde su fundación en 1928, el movimiento de los Hermanos Musulmanes, la principal organización integrista, contaba, no obstante, con una cierta tolerancia oficial al haberse desmarcado de la violencia, e incluso con una vía de participación política desde que en 1987 sellara una alianza electoral con el Partido del Trabajo. Aun así, la representación obtenida fue muy limitada. El Partido del Trabajo sólo consiguió un diputado en los comicios de 1995, tras una violenta campaña electoral que se cerró con medio centenar de muertos. "¿Cómo podría ser de otro modo si el partido gobernante tiene todo el poder económico y mediático en sus manos? Si hubiera verdaderas elecciones, la gente podría juzgar", justifica Azzam. De hecho, los partidos de oposición sólo lograron 13 de los 454 escaños del Parlamento.

Tanto el partido neoliberal Wafd, como el izquierdista Tagamu o los naseristas, todos ellos en la oposición parlamentaria, condenaron la suspensión del Partido del Trabajo y el cierre de su órgano de expresión, el quincenal Al Shaab. "No apruebo el cierre del periódico porque augura nuevas restricciones a la ya limitada libertad de prensa", se quejó también desde su columna de Al Ajbar el comentarista Said Sonbul, poco sospechoso de simpatías hacia los islamistas.

"¿Pueden darse por válidas unas elecciones en las que invariablemente se obtienen resultados del 99,99%?", se pregunta Azzam, en referencia al referéndum que el pasado octubre dio un cuarto mandato al presidente Mohamed Hosni Mubarak. "Todos los partidos de la oposición llevamos años pidiendo una cosa muy concreta: que se contabilicen los votantes mediante su firma o su huella dactilar; y el Gobierno se niega a ello", manifiesta en las modestas oficinas de su grupo en el centro de El Cairo.

La falta de diálogo es uno de los problemas que más resienten los islamistas. "Hay 60.000 presos políticos. ¿Qué ha conseguido este régimen? ¿Construir prisiones y nuevos prisioneros? Algunos están encarcelados desde hace 10 y 15 años sin juicio", se duele Azzam. "Sus dirigentes llevan cinco años pidiendo al Gobierno que libere a los que no están formalmente acusados y que juzgue al resto en los tribunales ordinarios, pero las autoridades rechazan cualquier negociación", concluye.

Ante la ausencia de fiabilidad de las urnas, la popularidad de sus postulados hay que leerla en el jeroglífico de la calle egipcia. El aumento de mujeres con la cabeza cubierta es sólo un signo. A principios de mayo, miles de estudiantes se manifestaron contra el ministro de Cultura, Faruk Hosni, y se enfrentaron a la policía en protesta por la reimpresión de una novela considerada blasfema: El banquete de las algas, del sirio Haider Haider.

La movilización, que dejó decenas de heridos y un centenar de jóvenes detenidos, respondía a una campaña lanzada desde las páginas de Al Shaab. La publicación, clausurada a la vez que suspendían las actividades políticas del grupo, llegó a pedir la eliminación física de los editores del libro y pasó de los 15.000 ejemplares habituales a cerca de 80.000.

"Se ha combatido a sangre y fuego el terrorismo islamista, pero indirectamente se ha alentado un islamismo intelectual que ha penetrado todas las capas sociales", explica un analista político. Algo tiene también que ver el proceso de reforma económica que no termina de completarse y cuyos beneficios, en todo caso, aún no han alcanzado a las capas más desfavorecidas. "No debemos reducirlo todo a la economía, pero nos preocupa cómo están gastando el dinero: no es en beneficio de la gente", concluye Azzam.