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El nuevo Gobierno incrementa el número de los altos cargos en un 10% respecto al anterior

Luis R. Aizpeolea

El nuevo Gobierno del Partido Popular ha aumentado en un 10% los altos cargos respecto al anterior. Así, totaliza 534 entre ministros, secretarios de Estado, subsecretarios y asimilados, directores generales y subdirectores generales cuando el Ejecutivo precedente tan sólo disponía de 486, es decir, un 10% menos. El PSOE estima que es "una contradicción que se incrementen los altos cargos precisamente cuando se está asistiendo a un proceso de descentralización". Por su parte, el Gobierno lo atribuye "a las nuevas necesidades de gestión, planificación y previsión".

El último Consejo de Ministros, celebrado el pasado viernes, dio prácticamente por cerrada la serie de nombramientos del nuevo Gobierno, a expensas de los relativos a los organismos autónomos dependientes de la Administración central. El primer balance arroja un incremento del 10% respecto a los del anterior Ejecutivo popular.El cuadro complementario refleja cómo el aumento de 48 altos cargos se centra fundamentalmente en los subdirectores generales de gabinete (30) que realizan fundamentalemente tareas de asesoría, en los cargos asimilados a subsecretarios (siete) y en los directores generales (seis), a los que hay que añadir dos nuevas secretarías de Estado y un nuevo subsecretario. Todo ello es consecuencia, en buena parte, del arrastre por la creación de dos nuevos ministerios, el del Portavoz, desgajado del de Presidencia, y el de Hacienda, desgajado, a su vez, del de Economía.

Es en esta última área, con la creación del Ministerio de Hacienda, cuyo titular es Cristóbal Montoro, en la que se ha producido el mayor crecimiento de altos cargos (siete), sin contar las subdirecciones generales. Además del nuevo ministro, aumenta en un subsecretario, en dos asimilados a subsecretario y en dos direcciones generales. A su vez, el de Economía, cuyo titular es Rodrigo Rato, aumenta en un asimilado a subsecretario.

El nuevo Ministerio del Portavoz supone seis nuevos altos cargos, sin contar las subdirecciones generales. Además del ministro, Pío Cabanillas, surgen dos secretarías generales, asimiladas a subsecretarías, y tres direcciones generales, si bien el Ministerio de la Presidencia pierde una secretaría de Estado, la de Comunicación, y una dirección general, producto de la separación del Portavoz.

Crece también el Ministerio de Exteriores, de 20 a 22 altos cargos, con una nueva secretaría de Estado, cuyo titular es Miquel Nadal, hombre de confianza del responsable del departamento, Josep Piqué, y una nueva secretaría general. El propio José María Aznar justificó este aumento por la necesidad de potenciar la acción de España en el exterior.

El Ministerio del Interior crece igualmente de 12 a 14 altos cargos como consecuencia de la creación de la Delegación del Gobierno para la Inmigración, cuyo titular es Enrique Fernández-Miranda, con rango de secretario de Estado, y que lleva emparejada una nueva dirección general.

El Ministerio de Administraciones Públicas, cuyo titular es Jesús Posada, crea una nueva Dirección General de la Administración Periférica, que representa Fernando Zamacola, con lo que pasa de 30 a 31 altos cargos. Posada lo justificó por la necesidad de coordinar la Administración en la periferia.

A su vez, el Ministerio de Justicia, cuyo titular es Ángel Acebes, tiene una nueva secretaría general, defendida por el impulso del Pacto con la Justicia, con lo que pasa de diez a once altos cargos.

Asimismo, se han creado tres nuevas direcciones generales en otros tanto ministerios: Sanidad y Consumo, cuya titular es Celia Villalobos, que pasa de 11 a 12 altos cargos; Medio Ambiente, con Jaume Matas, de 7 a 8, y Agricultura, con Miguel Arias Cañete, de 12 a 13.

Permanecen sin cambios en altos cargos los ministerios de Defensa (17), cuyo titular es Federico Trillo; de Fomento (13), con Francisco Álvarez Cascos, y Trabajo y Asuntos Sociales (nueve), con Juan Carlos Aparicio.

El nuevo Ministerio de Ciencia y Tecnología, cuya titular es Anna Birulés, cuenta con once altos cargos. Nueve de ellos, asimilados del desaparecido Ministerio de Industria y dos del de Educación y Cultura, que, a su vez, se reduce de 18 a 14. En todo este análisis no se incluyen los subdirectores generales por Gabinete.

El cuadro refleja también que los nombramientos del último Gobierno del PSOE (543) y los del actual, del PP (534), son casi similares.

Cuando llegó a La Moncloa, en mayo de 1996, y tras anunciar una campaña de reducción de altos cargos, el PP podó espectacularmente las direcciones generales, pero ha ido aumentando de forma paulatina las secretarías generales y los subdirectores generales.

El PSOE critica el número de nombramientos en pleno traspaso de competencias

Los nombramientos del Consejo de Ministros respecto al nuevo Gobierno han originado una polémica en la Comisión parlamentaria de Administraciones Públicas a propósito del número de altos cargos. El portavoz del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, pidió al Ejecutivo la pasada semana una "reflexión" sobre los mismos. A su juicio, en la pasada legislatura se ha vivido "un proceso intenso de traspasos a las comunidades autónomas que entra en contradicción con el crecimiento de la cúpula de la Administración central". Concretamente, son 192.000 los funcionarios que han sido traspasados desde la Administración central a las autonómicas.Rodríguez Zapatero no entiende cómo, por ejemplo, "ministerios como el de Agricultura, que tienen cedidas prácticamente todas sus competencias a las comunidades autónomas, siguen creciendo en altos cargos". O que el de Administraciones Públicas, "que habla de reducir la Administración Periférica del Estado, cree un nuevo organismo central para ello". También recuerda las "proclamas demagógicas del PP en la oposición sobre la reducción de altos cargos" cuando el nuevo Gobierno prácticamente iguala al último del PSOE.

A su vez, el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, reconoce ahora que la reducción de altos cargos que el Gobierno del PP hizo en 1996 fue "excesiva". Así, justifica el aumento de la cúpula del Gobierno en las nuevas necesidades políticas.

En ese sentido, cita las "funciones de coordinación en materia económica" con vistas a la Unión Europea, así como la conveniencia de afrontar el problema de la inmigración: "Se trata de compaginar una austeridad necesaria con una necesidad de personas con un cargo para hacer una labor de planificación".

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