Pleitos tengas

-A ver si sabe usted este acertijo: "Lo que todos quieren ganar y nadie quiere tener". A ver, ¿qué es?-Pues, no sé...

-Los pleitos, hombre, los pleitos.

La sabiduría popular, esa que marcó reglas para las lindes, la que estableció derechos para abrir albañales y resumió en las cuatro palabras de un refrán años de experiencia, ha reflejado también como nadie el sentir de la gente de a pie en torno a la justicia: más que respeto, miedo.

-Llevamos más de 11 años en pleitos. Y no sabemos cuándo ni cómo acabará esto.

Eva L. G. tenía 14 años cuando su padre murió en un desgraciado accidente. Dicen que todas las muertes son estúpidas. Todas. Francisco L. fue atropellado por su propio coche cuando el empleado del garaje donde lo había dejado dio marcha atrás sin ver al hombre que sacaba algo del maletero.

La justicia es ciega. Y, a veces, no tiene corazón. Francisco dejó una mujer joven y cuatro niñas. Y un negocio que, poco a poco, fue cayendo sin remedio.

El despacho de Ricardo Moreno llevó -y lleva- el caso. El Juzgado de Primera Instancia rechazó la demanda. Resulta que el seguro del coche ampara a todos, menos al propietario, aunque el propietario resulte herido o muerto cuando su automóvil lo lleve otro, o simplemente se deslice, se le rompa el freno o qué sé yo... Cosas extrañas de las leyes. Un juez de los casi doscientos que hay en la región así lo dijo en su sentencia. Y así lo ratificó la Audiencia ocho años después de la muerte.

-A veces piensas que no hay justicia. Para nosotros han sido 11 años de amargura. Once años de estar recordando día a día al padre.

Y dice Eva que ella y sus hermanas han crecido hablando de juicios, de pleitos.Siempre con la sombra de los juzgados por encima. Esperando.

-¿Por qué se tarda tanto?

De las más de 800 quejas que se presentaron el pasado año ante el Consejo General del Poder Judicial, casi un tercio estaban motivadas por el retraso en los procesos, por la dilación. Las cifran son terriblemente expresivas. Baste una muestra, aunque es verdad que más que una muestra es la máxima expresión. La Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Madrid empezó 1999 con 60.000 asuntos pendientes.

-Es un problema de presupuesto. Porque en jueces y en funcionarios hay de todo. Y, en conjunto, son grandes profesionales.

Ricardo Moreno destaca la falta de medios. El exceso de trabajo que los distintos juzgados no pueden atender. La falta de personal. Y algo de eso habrá, porque Emilio García Horcajo cuenta, por ejemplo, con cierta sorna cómo un asunto que él defendía, precisamente en la Sala de lo Contencioso-administrativo, se retrasaba de manera incomprensible. Pasaron los meses y, ya harto, se acercó a preguntar "por lo suyo". El amable funcionario le informó que lo que pasaba es que su expediente acababa en ocho.

-Es que acaba en ocho. Ya ve usted.

-Sí, señor. Eso ya lo sé. Pero, ¿qué tiene que ver?

-Es que los expedientes acabados en ocho los llevaba un funcionario que se ha jubilado. Y claro...

Parece que últimamente han designado ese número a otra persona y el letrado García Horcajo confía en que el asunto saldrá adelante.

Pero retrasos hay. Y eso que en 1999 los 70 juzgados de lo civil atendieron unos 850 asuntos por juez, 100 menos que el año anterior. Y dicen las estadísticas que ahora los jueces de lo civil resuelven el asunto en cuatro meses, mientras que en 1996, los magistrados tardaban en atender el caso tres o cuatro años.

En asuntos penales, por ejemplo, en 1999 la Audiencia Provincial recibió 14.079. Y arrastraba casi 5.000 del año anterior. El año 2000 arrancó con 4.800 asuntos aún sin resolver del ejercicio anterior.

Esta misma semana se conocía la historia de un hombre, Francisco J.S., al que se le comunicaba que debía ingresar en prisión por unos hechos -agresión sexual- sucedidos 20 años antes. No es el único caso. Son sentencias que caen sobre una persona cuando ya todo parece olvidado. El pasado, que nunca deja de pisarle a uno los talones. O los casos de aquellos cuya inocencia se demuestra meses, años después de su ingreso en prisión. Y que conste que los jueces ponen en libertad a muchos de los detenidos por la policía. En 1999, de los más de 15.533 detenidos, 11.576 salieron a la calle. Unos, por inocentes. Otros, en libertad provisional.

Porque a veces lo que llaman el peso de la ley cae sobre uno como un cogotazo. Tomás Plaza compró un piso hace más de 20 años. Hizo un contrato privado con el vendedor. Comenzó a pagar las letras. Y un día...

-Me marché al extranjero. Y seguí mandando el importe de las letras a través de un abogado. Luego me enteré de que algunas letras no las había ingresado o eso decía el vendedor. El caso es que en aquel momento yo no pude hacer frente a esa cantidad. Hubo un juicio y me condenaron a pagar 172.000 pesetas.

Las cosas en los juzgados van despacio para todos. Y cuando Tomás intentó arreglar lo del piso no encontró manera de hallar al antiguo dueño.

-Ni el juzgado ha podido localizarle. Pero el caso es que un buen día este hombre utilizó el piso como aval de alguna deuda. No habíamos hecho las escrituras, claro. Y un juzgado terminó subastando el piso.

Cuenta Tomás de su angustia cuando un "subastero amigo" le ofreció adjudicárselo y revendérselo por una módica cantidad, entre 16 y 18 millones de pesetas.

-Es de locos. Lo de los subasteros es para verlo. No hay manera de acabar con ellos. Los ves que se mueven con absoluta tranquilidad por los juzgados. Conocen a todo el mundo, a jueces y secretarios. Es como si fueran los dueños. Nadie ha podido nunca con ellos.

Y se queja Tomás de que se vea sometido a este infierno. A tener que andar de abogados, a vivir con el miedo a perder todo.

-Todos los documentos están a mi nombre. Tengo el contrato privado. Vivo en el piso desde hace 20 años y resulta que tengo que volver a pagarlo. Pagar dos veces por mi piso.

Los jueces no son infalibles, afortunadamente. Y lo que uno hace, otro puede deshacerlo. Una juez anuló la subasta. Y Tomás, desde entonces, descansa más tranquilo. Aunque todavía espere.

-Sé que hay jueces magníficos. Pero hay otros que aplican la ley con toda dureza. Yo no sé... pero, aquí me tiene. Como al principio: sin escrituras, sin saber, al final, qué va a ser de mi piso.

A Raúl Prieto también le embargaron en un juzgado su plaza de garaje. Esta vez fue un error que le ha costado tiempo perdido, trabajo y dinero resolver. Y son casos que aparentemente no son gran cosa, salvo para el que las sufre, pero que son las que marcan la angustia del día a día para el hombre de la calle.

Todos los abogados, cada uno de los 40.000 en ejercicio que hay en la Comunidad, pueden hablar de asuntos sangrantes, de dilaciones inexplicables, de situaciones que casi rozan el absurdo.

Como el del albañil que demandó una invalidez y la Seguridad Social le declaró apto para realizar tareas de hogar. Había habido un error en los formularios. Un error humano. Pero que, durante un tiempo, tuvo al albañil en la duda de si había de encauzar su futuro como empleado de hogar.

Justicia ciega. Y torpe, en ocasiones.

"Al final, tengo que ir contra una pobre gente -dicho sea sin ánimo peyorativo- para defender a mi cliente". Ricardo Moreno lleva el caso de Francisco Lara, del hombre muerto por su propio coche. Habla de las hijas con admiración. De esas hijas que, como dice una de ellas, han crecido con la sombra del pleito.La compañía de seguros ganó todas las demandas que el despacho de Moreno puso para reclamar una indemnización por la muerte de Francisco Lara.

-La sentencia fue tremenda. Fue tan injusto, tan estúpido...

Todavía se le escapa la indignación, ese punto de impotencia con la que recibió el dictamen.

-El seguro del automóvil exige que sea éste el que esté asegurado, independientemente de quién lo conduzca. Parece tan razonable... Y, sin embargo, no hubo manera. Al único que no amparaba era al dueño, al que pagaba el seguro. ¡Qué absurdo!

Le ley se cambió después. Pero ya no afectaba al caso de Francisco Lara. Así que su viuda, las hijas, niñas entonces, se quedaron sin nada. La compañía de seguros ganó cuantos pleitos se le presentaron.

-No tuvimos más remedio que ir, entonces, contra el garage donde había ocurrido el accidente y contra el empleado. Ya ve, contra los más infelices.

No tanto, porque tanto el propietario del negocio, como el empleado intentaron poner a buen recaudo lo poco o mucho que tenían. El dueño hizo capitulaciones matrimoniales y todo se lo dio a su mujer. El empleado vendió lo único que tenía, un piso, a su propio hijo.

Ricardo Moreno tuvo que investigar, presentar denuncias por alzamiento de bienes, intentar anular aquellas operaciones que dejaban a sus clientes otra vez sin nada.

El delito de alzamiento de bienes del dueño del garage prescribió porque la esposa se negó a recibir todas y cada una de las notificaciones del juzgado. Y así durante cinco largos años. Menos suerte tuvo el empleado. Un juzgado anuló la venta y devolvió la vivienda a su propietario.

-Y así estamos. Intentando anular las operaciones y que al pobre empleado se le subaste el piso y mi cliente cobre una ínfima parte de lo que estimamos como indemnización. A veces, la justicia, por una terrible paradoja castiga más al más desvalido. Y así, once años.

Los vecinos de un pueblecito madrileño, injustamente privados de unos derechos ancestrales por el señor feudal, escribieron al Rey Felipe V. Le decían algo que, todavía, podría aplicarse a la justicia: "Si el pedir justicia no fuera tan oneroso para los pobres, a ella recurrirían más asiduamente".

Felipe V atendió sus demandas.