Un ex dirigente de UGT declara que el mal clima con el PSOE dañó a PSV

Sebastián Reyna, ex secretario de Finanzas de UGT y uno de los directivos de IGS imputados en el caso PSV, insistió ayer, durante su segundo día de declaración, en una idea manejada por otros acusados en el juicio: el "mal clima" que había en 1992 entre el sindicato y el Gobierno socialista fue decisivo para el estallido de la crisis del mayor proyecto de vivienda social planteado en España. Reyna explicó que cuando mejoraron las relaciones, en el verano de 1993, el Ejecutivo reclamó a la central que asumiera el 100% del proyecto y que quitara a Carlos Sotos de la dirección de la cooperativa para apoyar el reflotamiento de PSV.

Sebastián Reyna es posiblemente la persona más adecuada para recordar aquel enfrentamiento entre el Gobierno del PSOE y UGT. No en vano, al margen de ser el responsable de los números del sindicato, fue consejero de IGS y le tocó sustituir a Carlos Sotos al frente del proyecto cuando éste dimitió en 1993 y la cooperativa saltó hecha añicos. Es más, Reyna fue el ingeniero del plan de rescate de PSV tras una dura negociación con el vicepresidente del Gobierno de aquella época, Narcís Serra.El anterior responsable de Finanzas de UGT, que, paradójicamente, está sentado en el banquillo de los acusados y participa en el proceso de liquidación de PSV e IGS, explicó que, en el transcurso de esas negociaciones, el Ejecutivo pidió que UGT tomara el 100% del proyecto y que relevara a Sotos al frente de la gestión de la cooperativa.

Durante su declaración de ayer, Reyna, para quien el fiscal pide una pena de ocho años y dos meses, sostuvo que los cooperativistas sólo han tenido que soportar un sobrecoste del precio de la vivienda del 0,54%.

El fiscal y varias de las acusaciones particulares centraron su interrogatorio en diversas operaciones cruzadas entre UGT e IGS, como la venta a la gestora de la aseguradora Unial, Viajes Libertur y Tipografía Torreblanca. Aunque la operación que se analizó más detenidamente fue la venta de la sede central de UGT, situada en la calle de Hortaleza, de Madrid, a IGS por 1.600 millones de pesetas.

Reyna explicó que la operación se hizo para concentrar todo el patrimonio inmobiliario del sindicato en una sola empresa y que la venta no produjo ningún desfase a IGS, puesto que UGT pagaba un alquiler que cubría el crédito hipotecario de la compra, que fue concedido por Banesto.