Coces contra el aguijón

Resulta sorprendente el empeño de los partidos nacionalistas firmantes de la Declaración de Barcelona en desconocer la realidad del Estado Autonómico español. Si estuviéramos en el inicio de la transición se podría entender que se afirmara que el Estado "no es una sola cosa, ni tampoco 17, sino que somos cuatro realidades nacionales", como hizo Pere Esteve en el curso de la reunión que celebraron los parlamentarios de los mencionados partidos nacionalistas el pasado miércoles en el Senado. De Constitucione ferenda sería una postura sostenible. Si la estructura del Estado tuviera que ser definida todavía constitucionalmente o si se estuviera planteando un proyecto de reforma de dicha estructura, sería perfectamente posible que se defendiera la posición de que Cataluña, el País Vasco y Galicia debieran tener un status diferenciado respecto de los demás territorios que integran el Estado español. Incluso se podría defender una estructura en la que hubiera únicamente tres comunidades autónomas y el resto del Estado fuera un continuo territorial articulado en demarcaciones no políticas, sino puramente administrativas.Pero no estamos en 1975, sino en 2000. La estructura del Estado está definida. Y está definida por la Constitución y por los 17 Estatutos de Autonomía. Con base en la Constitución y a través de los Pactos Autonómicos suscritos en 1981 por el Gobierno de la UCD y el PSOE y en 1992 por el Gobierno del PSOE y el PP se ha acabado definiendo una estructura del Estado en la que todas las comunidades autónomas tienen la misma naturaleza, la misma estructura organizativa y un nivel competencial que si inicialmente fue distinto es ya o está ya a punto de ser el mismo. Ésta es la realidad. La posición jurídica de cada comunidad autónoma es la misma en la estructura del Estado. Podía no haber sido así, pero así ha sido. Y no parece que esta estructura vaya a ser revisada, al menos en el tiempo en que es posible hacer predicciones.

Que después cada una de las comunidades autónomas, independientemente de su igual posición jurídica, tiene un peso político distinto y ejerce su derecho a la autonomía de forma asimismo distinta es evidente. Entre Andalucía, con más de siete millones de habitantes, y La Rioja, con algo menos de 300.000, hay diferencias, como las hay entre Cataluña y Cantabria. Pero hay diferencias, como las hay entre California y Montana. Todas son unidades subcentrales de un Estado único, aunque políticamente descentralizado. Ésta es nuestra estructura del Estado, confirmada en cinco o más elecciones autonómicas en todas las comunidades.

Dicho de otra manera: el pueblo español en el ejercicio del poder constituyente no ha aceptado nunca, y no es previsible que vaya a hacerlo en el futuro, que el Estado esté integrado por cuatro naciones: Cataluña, el País Vasco, Galicia y España. Ha considerado que España es una Nación (con mayúsculas) integrada por "nacionalidades y regiones". Ésta es la definición que figura en el artículo 2 de la Constitución, que no ha sido objeto todavía de ninguna propuesta de reforma.

España no es una realidad político-administrativa. España no es lo que no es Cataluña, el País Vasco y Galicia. Como recordaba Emilio Lamo de Espinosa hace unos meses en su columna de los lunes, la inmensa mayoría de los ciudadanos de las distintas comunidades autónomas, incluidas las llamadas nacionalidades históricas, aunque con una significativa diferencia en el País Vasco, no consideran incompatible su afirmación simultáneamente como catalán, gallego, andaluz, asturiano... y español. El porcentaje de ciudadanos que considera incompatible su condición de catalán o de gallego con su condición de español es muy reducido. Incluso en el País Vasco era minoritario. La teoría de las cuatro naciones dista mucho de tener el apoyo mínimamente exigible para traducirse en norma jurídica. Si no pudo imponerse esa interpretación constitucional de la historia de España en el momento de la transición y en la interpretación inicial del Título VIII de la Constitución, es mucho menos probable que se pueda imponer ahora, cuando el Estado Autonómico es una realidad plenamente consolidada. Negarse a aceptarlo es dar coces contra el aguijón.