Vecinos de un barrio de Sallent que se hunde anuncian cortes de carretera

Dos asociaciones de vecinos de Sallent (Bages) han anunciado que el próximo domingo cortarán la carretera C-1411 -un tramo del Eix del Llobregat- a la altura de esta población para exigir a su Ayuntamiento, gobernado por el convergente Jordi Moltó, y a la Generalitat una solución definitiva a los problemes de hundimientos del suelo que sufren, provocados por los movimentos internos que genera una vieja mina de potasa inundada a mediados de los años cincuenta y clausurada a principios de los setenta.Las entidades vecinales del barrio de la Estació y de la Rampinya han convocado una manifestación por el centro de Sallent para el domingo a partir de las seis de la tarde y calculan que hacia las siete podrán cortar totalmente la carretera comarcal, que es una de las principales vías de comunicación entre el área de Barcelona y la Cerdanya, el Alt Urgell y Andorra.

Los vecinos viven bajo la amenaza de los movimientos del suelo desde hace muchos años, aunque las primeras señales se empezaron a analizar hace cinco. Unos bloques de promoción pública donde se albergaron algunas de las familias inmigrantes que llegaron al municipio en los años cincuenta y sesenta presentan grietas de considerable tamaño. Algunas casas unifamiliares también tienen grietas espectaculares. Los estudios sismográficos realizados indican que en algunos puntos, el barrio de la Estació se hunde a un ritmo de dos milímetros por año. En el subsuelo de este barrio hay una gran cavidad originada por el agua, que al entrar en contacto con determinadas capas salinas, las disuelve y produce hundimientos.

Limitaciones

Ante la incertidumbre sobre cómo pueden evolucionar los hundimientos, la Comisión de Urbanismo de la Generalitat aprovechó una revisión parcial del plan urbanístico que presentaba el Ayuntamiento para introducir, a mediados del año pasado, estrictas limitaciones de construcción. Estas limitaciones impiden levantar nuevos edificios y ampliar los actuales en altura.

Los vecinos reclaman que el Gobierno catalán les indemnice por la pérdida de valor patrimonial de los edificios donde viven y que en caso de tener que abandonar su domicilio actual se les ofrezca otro del mismo valor. Argumentan que las grietas de los edificios y la consiguiente devaluación de las fincas se deben a un problema ajeno a la propiedad.