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El Gobierno catalán dedicó 1.724 millones de pesetas a campañas de publicidad en 1999

Enric Company

El año 1999 fue electoral y eso se notó en el dinero que el Gobierno de Jordi Pujol dedicó a propaganda. Nada menos que 1.724 millones de pesetas en 11 campañas de publicidad. Es decir, a un promedio de 4,7 millones de pesetas cada día del año. Desde hace ya muchísimos años, los partidos de la oposición consideran una inmoralidad el uso del Presupuesto de la Generalitat por parte de los gobiernos de CiU para hacer propaganda que en muchos casos puede calificarse de electoral. Los gobiernos han hecho siempre caso omiso de estas acusaciones. El diputado de ERC Joan Ridao presentó ayer en el Parlament una proposición de ley para evitar estos abusos.

La diferencia entre lo que el Gobierno catalán destinó a publicidad en el año en que Pujol estuvo a punto de perder las elecciones y los años anteriores ilustra bien la práctica que denuncia la oposición. En 1997, destinó 483 millones de pesetas a campañas de publicidad; en 1998 esta cifra descendió a 311 millones, pero este gasto se disparó y se multiplicó por más de cuatro veces, hasta alcanzar 1.724 millones, cuando llegó 1999 con las elecciones municipales y europeas en junio y las reñidas autonómicas del otoño.La más costosa de todas las campañas de 1999 fue precisamente la desarrollada en verano con el sugerente lema Cataluña, un país que crece, justo hasta que Pujol disolvió el Parlament, en agosto. Ridao la calificó de "totalmente electoralista", destinada sólo a "exaltar" la acción del Gobierno de la Generalitat.

El coste de esta campaña de publicidad fue de los más elevados entre las 11 que llevó a cabo el Gobierno catalán en 1999. Según los datos aportados por el consejero de Presidencia, Joaquim Triadú, sólo le superó el de la campaña sobre la recogida selectiva de envases, que costó 443 millones de pesetas.

Propaganda electoral

Cataluña, un país que crece no fue la única campaña de publicidad denominada institucional que en opinión de Ridao merece más apropiadamente la calificación de propaganda electoral. Es el caso, explicó, de la campaña Hacemos realidad. Campaña de pasado y futuro. Puertas abiertas (108 millones); el de otra denominada Campaña internacional (70 millones) y de la destinada a divulgar la existencia de un teléfono de atención ciudadana (62 millones).

La información facilitada por Triadú indica que en el ejercicio de 1999 se destinaron también 89 millones de pesetas a la campaña titulada Cataluña, aguas limpias; 48 millones a otra sobre prevención de incendios; 135 millones a una campaña antitabáquica; 152 millones a otra sobre seguridad viaria y 53 millones al Día de la autorreflexión. Hubo también una campaña de propaganda política destinada a divulgar la existencia de un déficit fiscal en perjuicio de Cataluña, a la que se destinaron 184 millones de pesetas. Ridao señaló que en este caso ERC no tiene nada que objetar porque coincide con las posiciones de su partido. También reseña que diversos patrocinadores aportaron 500 millones a estas campañas.

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Tras uno de los muchos debates en los que la oposición ha denunciado el uso del dinero público para campañas de propaganda al fin y al cabo partidista, el Parlament aprobó hace más de un año una moción instando al Gobierno a presentarle un proyecto de ley para regular la publicidad institucional. Pero ha pasado más de un año y el Gobierno no ha cumplido el mandato parlamentario. En vista de ello, ERC ha presentado una proposición de ley con este propósito.

El Departamento de presdencia negó ayer las acusaciones de electoralismo y afirmó que el consejero Triadú mantiene en compromiso de regular la publicidad institucional por ley, para lo que está llevando a cabo los correspondientes estudios previos.

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