Nueva Izquierda y PSOE acusan al Gobierno de crear alarma social
La insistencia del Gobierno en la reforma de la nueva Ley de Extranjería, que entró en vigor el pasado 1 de febrero, sigue generando discrepancias. Ayer, por un lado, el secretario general de Nueva Izquierda (NI), Diego López Garrido, y, por otro lado, el portavoz de interior del PSOE en el Congreso, Ramón Jáuregui, manifestaron sus impresiones al respecto. Ambos coinciden en que desde el Ejecutivo se está ofreciendo una visión alarmista del fenómeno de la inmigración para justificar un endurecimiento del texto legal, sin que se estén tomando las medidas necesarias. En el Congreso, Ramón Jáuregui y la responsable de inmigración del PSOE, Delia Blanco, presentaron una proposición no de ley, para su debate en el pleno del Congreso, que refleja la posición del PSOE ante el fenómeno de la inmigración. Jáuregui acusó al Gobierno de "manipular" la información sobre inmigración para justificar "su obsesión por modificar la Ley". Aunque en el PSOE "no existe una oposición tajante a cambiar la legislación", sí se insiste en que el Ejecutivo aplace esta reforma hasta fin de año para poder hacer una evaluación sosegada del funcionamiento del actual texto legal, y se incide en que se intensifique el control de fronteras.
La respuesta del PP no se hizo esperar. La portavoz del área de inmigración del grupo parlamentario popular, Ángeles Muñoz, le pidió al PSOE "que no haga de la reforma de la Ley su ariete particular en contra del Gobierno".
Tareas para el Defensor
Por su parte, NI presentó un comunicado de denuncia al futuro Defensor del Pueblo, Enrique Múgica, en el que le instan a intervenir ante la insumisión del Gobierno a la Ley de Extranjería: "Queremos que la primera tarea del Defensor sea exigir el cumplimiento de esta Ley".
Éste , según López Garrido, será el primer paso de una campaña de denuncias sobre la aplicación que se está haciendo de la legislación, a las que supuestamente se sumarán CC OO y varias ONG. "El Gobierno", dijo, " no está aplicando esta ley como debería ni parece tener ningún interés en el desarrollo de su reglamento", y añadió, "hay notorios incumplimientos" como no admitir solicitudes, no reconocimiento de legitimación a ONG o no desarrollar los derechos a la participación política de los extranjeros en el ámbito municipal, a la educación, al trabajo, entre otros.
El delegado del Gobierno para la Inmigración y la Extranjería, Enrique Fernández-Miranda, ha iniciado ya contactos con las fuerzas políticas de representación parlamentaria para celebrar una ronda de encuentros a mediados de mes con vistas a estudiar el problema de la inmigración y analizar la posibilidad de reformar la vigente Ley de Extranjería, informa Europa Press. Previamente, Fernández-Miranda redactará un borrador sobre las posibles modificaciones del texto legal.
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