El Poder Judicial creará oficinas de atención al ciudadano en los juzgados

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), presidido por Javier Delgado Barrio, aprobó ayer la creación de oficinas de atención al ciudadano en los juzgados y tribunales para trasladar a esas sedes judiciales una función que ahora está centralizada en el propio Consejo. La más de 800 quejas recibidas en 1999 se refieren al funcionamiento de la jurisdicción y a dilaciones en la marcha de los procesos, según la Memoria de la Unidad de Atención al Ciudadano, que inició su actividad en marzo de ese año.

El CGPJ aprobó ayer la creación de oficinas de atención al ciudadano en las que se podrán presentar quejas contra el funcionamiento de la justicia, de las que se acusará recibo en 48 horas y que serán contestadas en el plazo máximo de un mes. El portavoz del organismo, Benigno Varela, comentó que la implantación de estos centros busca "acercar la justicia al justiciable, hacerla más transparente, y que los ciudadanos puedan ser recibidos en los juzgados y obtener respuesta a sus quejas y sugerencias". Añadió que a su frente estarán funcionarios "a los que habrá que preparar y que, si pueden, resolverán las reclamaciones inmediatamente".

Los juzgados decanos de Madrid y Barcelona y el propio Consejo tienen abierta una oficina de atención al ciudadano desde hace más de un año.

La memoria de la Unidad de Atención al Ciudadano, presentada ayer por Varela, contabiliza 810 quejas recibidas, de las que constan los motivos de 655. La mayor parte, 439 (71%), fueron de particulares, 82 de abogados, 44 de presos, 34 de procuradores, nueve de asociaciones o sindicatos, cinco de funcionarios y dos de graduados sociales.

Dilaciones

El mayor número de quejas, 187 (29%), correspondió a motivos jurisdiccionales y 183 (27%) a dilaciones procesales. Les siguen 68 por "deficiente información", 44 por "falta de consideración", 37 por "actuaciones de profesionales", 33 por "incumplimiento del horario", 17 por "defectos de infraestructura", otras 17 por "incomprensibilidad de las actuaciones" y 17 más por fallos en los "actos de comunicación".

Además, 12 se refieren a "tiempos de espera", 10 a "actuaciones de las comisiones judiciales", ocho a "retrasos en la entrega de la indemnización"; otras ocho a "errores", seis a "pérdida de documentación", tres a "falta de identificación del funcionario" y otras tantas a "faltas de formularios".

Varela presentó además el folleto informativo que será distribuido en los tribunales explicando el funcionamiento de las oficinas de atención al ciudadano, de los que se han editado modelos en castellano y las lenguas cooficiales en las comunidades.

En los impresos se incluyen las direcciones y los teléfonos de las oficinas abiertas en cada zona y se explica que las sedes judiciales disponen de un formulario para hacer constar reclamaciones y sugerencias y que éstas también pueden hacerse por carta u otro medio.

Los dípticos también advierten de que estos centros no pueden atender reclamaciones por el contenido de una sentencia o una resolución judicial ni pueden facilitar asesoramiento jurídico, datos que afecten al honor o la intimidad de las personas o que se refieran a actuaciones declaradas secretas...

A preguntas de los informadores sobre el coste de estas oficinas, el portavoz respondió: "Hay que contar con la colaboración del Ministerio de Justicia y las comunidades autónomas". Preguntado por una cifra, confesó abiertamente: "No se lo puedo decir". Sobre la fecha concreta de su entrada en funcionamiento, indicó que "el proyecto está ya en marcha" y, a título de ejemplo, reiteró que la de Madrid funciona desde hace "un año y pico".

Los tribunales sobre los que recayeron más quejas fueron fundamentalmente los juzgados de primera instancia e instrucción, con el 70% de las reclamaciones. Las comunidades que más se quejaron fueron Cataluña, 167 (el 26%) y Madrid, 133 (el 21%), si bien estas sedes son las que ya disponen de oficinas específicas.