Mayor defiende que se distinga entre inmigrantes legales e ilegales para detener el 'efecto llamada'

El ministro del Interior, Jaime Mayor Oreja, reiteró ayer en una comparecencia en el Congreso una de sus tesis más polémicas sobre el problema de la inmigración: si no se hace una clara distinción entre dos tipos de inmigración, la legalizada y la irregular, "se amplificará el efecto llamada". Precisamente el espíritu de la ley de Extranjería que se aprobó en la pasada legislatura con el voto en contra del PP, y que ahora quiere modificar el Gobierno, se basa en que todos los inmigrantes deben tener derechos parecidos, si no idénticos.El ministro respondía en el Congreso a los diputados socialistas Carlos Sanjuán y Ramón Jaúregui, quienes trataron de demostrar que las declaraciones "alarmistas" de distintos miembros del Gobierno en los ùltimos meses tienen como único objetivo crear el estado de opinión necesario para poder hacer el cambio de la Ley de Extranjería que quieren evitando la contestación social. Para los socialistas, el aumento de la inmigración en los últimos meses se explica sólo por esta campaña del Gobierno, que con sus declaraciones sobre las facilidades que ofrece la nueva ley está provocando ese efecto llamada y favoreciendo así la actuación de las mafias.

El ministro insistió en que si se consolida el procedimiento de regularización permanente que establece la nueva ley, según el cual sólo es necesario empadronarse y estar dos años en España para solicitar la residencia, y si se "limita" la capacidad de expulsión de la Administración, se amplificará el efecto llamada.

Mayor también ofreció datos sobre la detención de personas relacionadas con el tráfico de inmigrantes. Según el ministro, en los últimos tres años se han desarticulado 571 redes, se han detenido a 1.657 personas y han sido "liberadas 4.073 víctimas de estas mafias". Además, Mayor adelantó que el Gobierno estudia la posibilidad de introducir sanciones a los transportistas que trasladen a esos inmigrantes al territorio español sin haber verificado que cumplen los requisitos para entrar en España, un punto oscuro en la actual legislación.