Condenado por imprudencia el maquinista de la tragedia que causó 18 muertos en Uharte-Arakil
Es posible que nunca se sepa a ciencia cierta si una señal errónea a la entrada de la estación de Uharte-Arakil (Navarra) fue el inicio de la tragedia ferroviaria ocurrida en esa localidad el 31 de marzo de 1997. Pero el Juzgado de lo Penal número 1 de Pamplona considera probado que el maquinista del convoy siniestrado aquella tarde, Juan José García Fernández, cometió 18 delitos de homicidio por imprudencia grave en su actuación posterior y otros 80 de lesiones. Así lo establece en la sentencia del caso, conocida ayer, que le condena a dos años y seis meses de prisión.
De igual forma, la magistrada sustituta Ana Clara Villanueva condena al ayudante del tren Intercity Miguel de Unamuno, Miguel Ángel Marinetto a dos meses de multa a razón de 2.000 pesetas diarias por 18 faltas de homicidio por imprudencia leve y 84 faltas de lesiones. La imposición al conductor de la pena mínima de cárcel va acompañada del anuncio de la juez de que pedirá al Gobierno el indulto parcial para evitar el ingreso en prisión del maquinista, una medida que, dice la sentencia, "no guarda proporcionalidad con la culpabilidad" del condenado. De ser aceptada la petición, la pena de prisión será sustituida por una multa.La sentencia comienza señalando que "el hecho más controvertido" del proceso, aclarar si la señal de avanzada de la estación de Uharte-Arakil anunciaba precaución o permitía al convoy continuar su camino a 137 kilómetros/hora, carece de un sustento probatorio directo "objetivo y concluyente" que permita saber si los acusados mintieron o dijeron la verdad al asegurar que les dio paso libre.
Por lo tanto, no se inclina por ninguna de las posibilidades barajadas durante el juicio, contradictorias entre sí, aunque concede a los condenados el beneficio de la duda, asegurando que resulta "cuando menos verosímil" su argumento de que no reaccionaron debido a la enorme sorpresa que les causó el comprobar que tras una señal verde de vía libre otra les obligaba repentinamente a parar. La condena se ciñe, consecuentemente, a la constatación de que no reaccionaron ante una señal de entrada en la estación que les obligaba a parar y ante el hecho de que el maquinista accionó indebidamente el freno directo del tren provocando su descarrilamiento tres segundos después.
El Intercity que cubría la línea Castejón-Pamplona-Irún abordó el cambio de agujas que le hacía entrar a la estación de Uharte-Arakil a 137 kilómetros/hora, cuando según la señal de entrada debía hacerlo a 30 kilómetros/hora.
"Acción arriesgada"
En la vista oral, que quedó vista para sentencia el 10 de mayo, el fiscal mantuvo que el maquinista y su ayudante no prestaron atención a las señales porque habitualmente no se cruzaban con el tren que motivó la orden de parada en Uharte-Arakil, sino en la siguiente. Ello les llevó, según el fiscal, a quedarse paralizados ante la señal de entrada y a que García Fernández, en lugar de usar el freno de emergencia, que actúa sobre todo el convoy, accionara el freno directo, que bloquea sólo la locomotora y no debe utilizarse a más de 40 por hora.
La juez no pone en duda que fuera Juan José García quien conducía la máquina, versión que fue cuestionada por algunas acusaciones particulares en sus conclusiones definitivas. El fallo reconoce que de haber accionado el freno de emergencia se hubiera evitado el descarrilamiento y las consecuencias de éste, 18 víctimas mortales y un centenar largo de heridos. Por todo ello, imputa a ambos la responsabilidad del descarrilamiento ya que si bien el freno directo sólo lo podía accionar el maquinista, también su ayudante disponía de un freno de emergencia que no utilizó. Respecto a Juan José García, la juez afirma que "debió abstenerse de realizar una acción tan notoriamente arriesgada". En cuanto a su ayudante, asegura que "en ningún caso le puede ser atribuido el resultado en el mismo nivel que al maquinista".
La sentencia impone finalmente a los condenados el pago de indemnizaciones a las familias de fallecidos y heridos en la catástrofe por un montante total de 340 millones de pesetas, a los que debe aplicarse un interés anual del 20% desde la fecha del siniestro. La compañía aseguradora Mapfre será la encargada de efectuar los pagos fijados por el juzgado, como responsable civil directa, mientras que Renfe aparece como responsable subsidiaria.
