Desestimada la demanda de protección del honor de Perales contra la presidenta del PP de Cádiz

La juez María Dolores Aguilar, titular del Juzgado número 4 de Primera Instancia de Cádiz, ha desestimado una demanda de protección del derecho al honor de Alfonso Perales, hoy consejero de Gobernación, contra la presidenta provincial del PP, María José García Pelayo. El dirigente socialista presentó la demanda cuando era secretario federal de política municipal del PSOE, después de que García Pelayo arrojara dudas sobre el posible beneficio obtenido por amigos de Perales en el proceso de urbanización del Novo Sancti Petri, en Chiclana.

"Es sospechoso que, cuando Alfonso Perales es presidente de la Diputación de Cádiz, se producen todas las operaciones urbanísticas en Sancti Petri. Él se convierte en el abanderado en esta provincia, en el máximo defensor de Sancti Petri. Nosotros entendemos que ha sido muy beneficioso para Chiclana y para esta provincia. Turísticamente, ha supuesto mucho para muchos gaditanos en creación de puestos de trabajo, pero entendemos que ahí también ha podido existir algún beneficio para algún amigo de Alfonso Perales", , declaró María José García Pelayo el mes de septiembre pasado. La juez considera que "no queda debidamente acreditado" que "las citadas expresiones fueran vertidas por la señora García Pelayo en el sentido en que recogen los medios de comunicación" ya que considera que se trata de manifestaciones "bastante vagas" y que alegaban "meras sospechas", sin hacer "imputaciones concretas". Así, la juez considera "fácil" que existan discrepancias entre "lo que la demandada quiso decir" y las noticias publicadas. Con anterioridad, García Pelayo había negado ante el juez sus manifestaciones y responsabilizó a los periodistas de malinterpretar sus declaraciones.

La sentencia considera que las expresiones de la presidenta del PP "no vulneran los límites de la libertad de expresión" al tener en cuenta que el demandante "es persona de relevancia pública y política". También aprecia los argumentos del PP sobre el contexto en que se producen las declaraciones, cuando el PSOE estaba denunciando posibles intereses urbanísticos del PP en Tarifa y Barbate. "Efectivamente las circunstancias en las que se producen las declaraciones de la demanda están acreditadas, esto es un fuerte cruce de declaraciones de partidos políticos de signo opuesto y en el transcurso de una fuerte dialéctica política", dice el fallo. En ese mismo intercambio de acusaciones, el secretario general del PP, Javier Arenas, presentó una demanda contra Perales, que previamente lo había acusado de tener "oscuros intereses urbanísticos" en Tarifa.

Perales ha recurrido la sentencia y ha atribuido la decisión judicial a que "hay responsables políticos, como García Pelayo, que no tienen la valentía ni el honor de mantener ante el juez lo que dicen ante los periodistas".