Choque de jueces y fiscales

La parálisis policial española en la búsqueda de los mafiosos y delincuentes italianos condenados en ausencia en su país y reclamados para su entrega tiene sus orígenes en el evidente conflicto que sobre las extradiciones existe, desde hace años, en la Audiencia Nacional, único y supremo tribunal para decidir sobre esta materia.En ese terreno, el choque entre la Fiscalía Especial y los jueces de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional es frontal. Mientras la fiscalía, que dirige Eduardo Fungairiño, se ciñe a la Ley de Extradición Pasiva de 1985, que impide la extradición para ejecutar sentencias dictadas en ausencia, los jueces de la Sala de lo Penal dieron un giro en 1996 y comenzaron a aplicar el Convenio Europeo de Extradición, que es preferente a la ley española y permite la extradición siempre que exista la posibilidad de un segundo juicio y se respeten los derechos mínimos de defensa de la persona reclamada.

La legislación italiana no contempla la celebración de un segundo juicio, al contrario que la francesa, pero los jueces de la Audiencia Nacional creen que se respetan esos derechos mínimos y otorgan siempre las extradiciones de condenados en rebeldía. Las han concedido en más de 25 ocasiones en los últimos cuatro años, señalan fuentes judiciales.

Según el citado convenio, esos derechos mínimos de defensa son dos: que el acusado conozca la existencia del proceso y celebración del juicio y que haya sido asistido en él por un abogado de su confianza.

"El ordenamiento italiano pone instrumentos para remediar casos de indefensión. Estamos seguros de que se cumplen esos derechos mínimos", asegura un juez de lo Penal de la Audiencia Nacional.