La Mafia italiana se refugia en España ante la pasividad policial

España se ha convertido en el paraíso más seguro de la Mafia italiana. Siguiendo recomendaciones de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, la policía ha anulado las órdenes de detención de 600 mafiosos, criminales y delincuentes italianos condenados en ausencia por ese país y reclamados por la justicia italiana para su extradición.Algunos de ellos están refugiados en las costas españolas. Otros, aconsejados por sus abogados, no acuden a sus juicios, se fugan y se instalan en España. Sus letrados saben que, si han sido condenados en ausencia, algo común en Italia, sus órdenes de detención tienen aquí poco valor.

Contra el criterio de los jueces de la Audiencia Nacional -principal tribunal en materia de extradiciones-, la fiscalía que dirige Eduardo Fungairiño se ha mostrado siempre contraria a conceder la extradición de los italianos juzgados y sentenciados en ausencia en su país, una característica especial del Código Procesal italiano. Los fiscales italianos han transmitido sus quejas, a través de la Red Judicial Europea, hasta el Consejo General del Poder Judicial. Su vocal Rubén Jiménez ha iniciado una investigación, se ha entrevistado con policias y jueces y prepara una reunión con la judicatura italiana para lograr una solución.Páginas 18 y 19

Seiscientas órdenes enviadas por los magistrados italianos para detener y extraditar a la flor y nata de la Mafia de ese país, juzgada y condenada en ausencia por sus tribunales, han sido anuladas por la Oficina Sirene española, buzón policial para recibir los requerimientos de los países firmantes del Acuerdo de Schengen y enviar los propios. Una frustración para las pretensiones de los jueces y policías italianos que no salen de su asombro.Los agentes españoles de este servicio de alerta informático, situado en el número 64 del madrileño Paseo de la Castellana, se limitan a atender a las orientaciones y recomendaciones que les transmite la Fiscalía Especial de la Audiencia Nacional que dirige Eduardo Fungairiño, según señalan tres altas fuentes policiales y judiciales diferentes.

Contra el criterio de los jueces de la Audiencia Nacional, órgano único y supremo en materia de extradiciones, la fiscalía que dirige Fungairiño se ha mostrado siempre contraria a conceder la extradición de los italianos juzgados en ausencia en su país, una característica especial del Código Procesal italiano. Y ha apoyado sus recursos y pedido su libertad provisional en los casos que se han tramitado. Este periódico ha recabado infructuosamente la versión de esa fiscalía.

La anulación de estas órdenes de detención y la reiterada postura de la fiscalía de la Audiencia Nacional en los casos de extradiciones ha levantado ampollas entre la judicatura italiana. Perluigi Vigna, procurador nacional Antimafia; Dell'Osso, fiscal enlace de la Red Judicial Europea, y otros magistrados como Armando Spataro, especializado en la lucha contra el crimen, han trasladado su preocupación a sus colegas españoles por el blindaje que encuentran los mafiosos en España. Las quejas se han elevado hasta Piero Fassino, ministro italiano de Justicia.

Italia es el país que más extradiciones pide a España. "Se nos están anulando centenares de órdenes de detención. Mientras, la Mafia aconseja a sus hombres que no acudan a juicio y se refugien en España", señalan fuentes italianas. La posibilidad de celebrar juicios en ausencia por delitos graves es una peculiaridad de la ley italiana que no contempla el Código Penal español. El procesado tiene derecho a no asistir a la vista, aunque esté detenido, y ésta puede celebrarse si se fuga. La no ejecución de las penas hasta que son ratificadas por el Tribunal Supremo facilita la huida de numerosos delincuentes. En 1995, había en Italia unas 15.000 personas fugadas.

La alarma se disparó el pasado mes de abril. Rubén Jiménez-Fernández, 51 años, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y uno de los seis puntos de contacto españoles en la Red Judicial Europea, organismo de cooperación de la UE, recibió en su despacho, en el número 8 de la madrileña calle de Marqués de la Ensenada, un fax de dos folios remitido desde Roma. Lo firmaba un fiscal italiano, el punto de contacto de la citada red en ese país.

El enlace italiano expresaba a su colega español el malestar de las autoridades por la parálisis de la policía española ante las peticiones de detención para extradición, en virtud de sentencias condenatorias en rebeldía, que tramitan los jueces italianos en el Sistema de Información Schengen (SIS).

Este sistema informático, de introducción y consulta de datos para la búsqueda de personas y objetos, mantiene interconectadas a las policías de los 13 países firmantes de los Acuerdos de Schengen, localidad luxemburguesa en la que en 1985 se fraguó la aspiración de la libre circulación de personas. El ordenador central del SIS encierra la historia de casi toda la criminalidad europea (5,5 millones de fichas policiales) y está situado en Estrasburgo. En un suspiro, cualquiera de esos países, todos los de la UE, excepto el Reino Unido e Irlanda, puede comunicar al resto la orden de detención de un delincuente.

El fax del fiscal italiano de la Red Judicial Europea asegura que la policía española introduce el indicativo "flag" (orden no ejecutable) en todos los señalamientos de detención para extradición ordenados por los jueces italianos en el sistema informático SIS, a no ser que se haga constancia expresa de que el reclamado no ha sido juzgado en ausencia. En definitiva, la policía española presume que las peticiones cursadas por Italia son siempre de juzgados y sentenciados en ausencia.

El indicativo "flag" supone que la orden de detención dictada por cualquier país del área Schengen queda en suspenso porque el Estado requerido considera que la búsqueda de ese criminal no es compatible con su derecho nacional, con sus obligaciones internacionales o con intereses nacionales esenciales. Su uso es excepcional ya que la colaboración en el área Schengen no es voluntaria sino obligatoria.

Según el artículo 94 del Convenio de Aplicación de los Acuerdos de Schengen, este "flag" sólo suspende la búsqueda en el país que lo ha impuesto y no en el resto de los firmantes. Es decir, que cualquiera de esos 600 delincuentes puede ser detenido en los otros países de la zona Schengen.

La versión del enlace italiano añade que la Oficina Sirene española no pide información complementaria sobre esos casos y anula las órdenes de detención de forma indiscriminada. Además, añade el malestar por cómo se resuelven en España las extradiciones de italianos que han sido juzgados y sentenciados en ausencia. Cita el caso de Pedro Leone Etchart, un asesino cuya extradición fue concedida por la Audiencia Nacional y anulada por el Tribunal Constitucional.

El efecto del fax remitido desde Roma no se hizo esperar. Rubén Jiménez, enlace español de la Red Judicial Europea, y Ángel Galgo, letrado del gabinete técnico del CGPJ, han mantenido reuniones con los responsables policiales de la Oficina Sirene y con magistrados de la Audiencia Nacional en un intento de arreglar el conflicto.

Jiménez, miembro de la comisión de Relaciones Internacionales del CGPJ, no oculta su preocupación. "Esta situación afecta a 600 casos de mafiosos y delincuentes italianos reclamados por ese país y a los que España no persigue. Mucha de esta gente está aquí por ese motivo. Si no lo arreglamos, nuestro país se puede convertir en un paraíso de la Mafia. En materia de Justicia éste es el conflicto más grave de España con los países de la UE".

Los responsables de la Sirene española anulan con el "flag" las detenciones de todos aquellos mafiosos y delincuentes italianos que hayan sido sentenciados en ausencia en su país. Solo atienden las órdenes de aquellos a los que se reclama expresamente por juicios pendientes en Italia, según han podido comprobar Jiménez y Galgo.

Jiménez lo explica así: "Los italianos piden que se les detenga y que luego se pida la información. Nuestra policía dice que pide información complementaria y que si no obtiene respuesta no actúa. No quieren asumir el riesgo de detener a alguien cuya extradición puede no prosperar. Temen que se pueda volver contra ellos. Además, no tienen un asesor legal en la oficina. En Francia hay varios".

Las gestiones de Jiménez fueron más allá del ámbito policial. El enlace de la Red Judicial Europea ha expuesto la situación a magistrados de la Audiencia Nacional, quienes no salen de su asombro ante "el descubrimiento" de que no se atienden las órdenes de detención para extradición dictadas por los italianos.

Un fiscal, enlace español en la Red Judicial de la UE, señala que deberían ejecutarse todas las órdenes de detención de los italianos y "luego resolverse una por una". Y añade que la fiscalía "no puede arrogarse funciones jurisdiccionales cuando ese mismo órgano judicial está concediendo estas extradiciones".

La reacción de otros magistrados de esa Audiencia consultados se resume así: "Disparate", "incomprensible". Creen que la fiscalía debe estar sometida a la legalidad y que una vez definida una doctrina, "debería asumirla sin reservas".

Clemente Auger, presidente de la citada Audiencia, ha manifestado a sus subordinados su preocupación y pedirá al CGPJ un encuentro con los jueces italianos. Jiménez proyecta otra reunión con fiscales de ese país para buscar "una solución lo antes posible".

Un juez experto en operaciones contra la Mafia lanza este pronóstico: "Los detenidos durante estos años lo han sido por voluntarismo entre los fiscales italianos y nosotros. Sobre el resto hay una incomprensible actitud de parálisis, porque aquí no cometen delitos. Se nos van a instalar más capos de los que ya están. ¿Por qué van a ir a Albania o Venezuela sí tienen en España un refugio seguro? Barcelona está a 55 minutos de Milán en avión".