La UE afirma que el decreto regional que prima en los concursos a las empresas con más fijos es ilegal

Desde hace dos años y medio, el Gobierno regional favorece, en los concursos públicos, a aquellas empresas que cuentan con un mayor porcentaje de empleados fijos y de discapacitados, según un decreto consensuado con los sindicatos y avalado por el Consejo de Estado. Ahora, el comisario europeo de Mercado Interior de la Unión Europea, Frederik Bolkestein, ha concluido que la medida vulnera las directivas europeas sobre contratación. El consejero de Presidencia, Manuel Cobo, afirmó ayer que el Gobierno no dará marcha atrás. Cobo recibió el apoyo de oposición y sindicatos.

El comisario Bolkestein, del partido liberal holandés, explicó el pasado 12 de mayo, en respuesta a una pregunta de tres eurodiputados españoles pertenecientes a PSOE, PP e IU, que la jurisprudencia en la que se apoyan las directivas comunitarias sobre contratación pública "excluye explícitamente la utilización de un criterio social" para adjudicar un contrato, tal y como informaba ayer El Mundo. El comisario puntualizó que el contrato debe concederse siempre, según esas directivas, al proyecto más ventajoso económicamente (por precio, plazo de ejecución, coste de utilización, rentabilidad, valor técnico...), y ofreció la posibilidad de que, sólo una vez consumada la adjudicación, se le exija al empresario agraciado que se comprometa a contratar un cierto número de trabajadores fijos y discapacitados. Este procedimiento dejaría fuera de la cobertura legal comunitaria al Pacto de Estabilidad firmado por Gobierno regional de Madrid (PP) y los sindicatos en enero de 1998, después elevado a rango de decreto y contra el cual la patronal de la construcción presentó un recurso, aún no resuelto, ante la Comisión Europea. Sin embargo, el Gobierno sostiene que bajo el criterio de "rentabilidad" puede cobijarse también la "rentabilidad social" que deriva del empleo estable (más empleados fijos) y la atención a sectores desfavorecidos (más empleados discapacitados). "El Pacto no vulnera ninguna directiva", según Manuel Cobo, consejero de Presidencia. "Es más, se ajusta al objetivo europeo de favorecer el empleo estable".

Posible recurso

Cobo aseguró que la Comunidad defenderá "hasta el final" su sistema de contratos y señaló: "La opinión de este comisario es muy respetable, pero no significa nada. Es la Comisión la que, en todo caso, debería comunicarnos la ilegalidad del decreto. Si eso se produce, recurriríamos ante los tribunales europeos. Pero aún no ha ocurrido nada de eso". El consejero pidió al órgano de gobierno europeo que "rectifique las declaraciones" de Bolkestein, y a los grupos parlamentarios españoles, que presionen para lograr "una modificación de las directivas europeas sobre contratación", si es que éstas descartan los criterios sociales.

Carlos Carnero (PSOE-Progresistas) es uno de los eurodiputados que más se ha preocupado por conocer la opinión de la Comisión Europea sobre el decreto madrileño. Carnero apoya y defiende dicho decreto: "El Gobierno regional debe recurrir ante los tribunales europeos para defender el derecho a primar a las empresas con más empleo estable. Nosotros le animamos a que lo haga. Y debe pedir aclaraciones a una respuesta muy imprecisa".

Si finalmente hay que llegar a los tribunales, el Gobierno regional contará con el apoyo de la oposición parlamentaria (PSOE e IU) y los sindicatos CC OO y UGT. Los secretarios regionales de estos últimos anunciaron ayer, incluso, que están preparando un viaje a Bruselas para "explicarle al comisario Bolkestein lo que dice el Pacto de Estabilidad, porque parece que no se lo ha leído". "El decreto regional, ni vulnera la libre competencia ni excluye de los concursos a ninguna empresa", declaró Javier López, secretario general de CC OO-Madrid. "Lo que ha dicho ese comisario es impresentable".

Su homólogo en UGT, José Ricardo Martínez, añadió que "la calidad de una obra, y su rentabilidad, dependen también de la estabilidad de los contratos, de la experiencia de los empleados. Y apostilló: "Si los comisarios mantienen estas tesis en todo, sinceramente, creo que son unos incompetentes para regir los destinos de Europa".

La oposición regional apoyó al Ejecutivo de Alberto Ruiz-Gallardón en este caso y criticó la política "excesivamente liberal" de la Comisión. "Esto es lo que ocurre cuando se plantea la construcción europea en base a criterios economicistas, neoliberales y alejados de la sociedad, y luego se intentan introducir medidas sociales. Es una contradicción difícil de resolver", explicó Juan Ramón Sanz (IU).

Helena Almazán (PSOE-Progresistas) secundó al Gobierno, pero le hizo dos sugerencias: "Debería aprovechar su mayor sintonía con los empresarios para intentar persuadirlos de que el Pacto es conveniente para todos. Y poner el énfasis en el seguimiento de las empresas una vez concedidos los contratos, y exigirles compromisos a posteriori, más que centrarse en el momento de la adjudicación", tal y como sostiene el comisario Bolkestein.