La Junta cifra en 100.000 millones la cuantía de las transferencias de las políticas de empleo

El nuevo consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía, José Antonio Viera, cifró ayer en unos 100.000 millones de pesetas la cuantía necesaria para dotar a las transferencias en materia de Políticas Activas de Empleo, cuya traspaso solicitará el presidente andaluz Manuel Chaves al presidente del Gobierno, José María Aznar, en la reunión que celebrarán el próximo miércoles en el palacio de La Moncloa. Chaves también tiene previsto plantear el reconocimiento del censo, el nuevo sistema de financiación y un calendario de inversiones.

Viera mostró su confianza en que Madrid "trate a Andalucía con la misma generosidad que lo ha hecho con Galicia o Cataluña" y aseguró que la previsión del Ejecutivo andaluz es la de concretar los aspectos técnicos de la transferencia en el curso de los próximos meses, para poder determinar el repartido de las partidas de empleo en los presupuestos andaluces del año 2001.Viera explicó que las áreas que espera recibir son las de formación, prestaciones y regulación del propio sector. En este sentido el responsable andaluz reconoció que considera insuficiente el modo de apoyo al desempleado que desarrolla el Insttuto Nacional de Empleo y anunció la voluntad de la Junta de "mejorar sustancialmente la eficacia de su gestión, adaptarlo a las necesidades de los territorios donde está actuando, evitando las políticas genéricas", y aplicando medidas que tengan en cuenta "los actuales desequilibrios".

El consejero señaló que el nuevo modelo de prestación al desempleado que pretende diseñar la Junta se encargará de "determinar yacimientos de empleo", que logren dotar de alternativas al actual mercado laboral. Viera informó de que el presidente de la Junta solicitará la cesión a Andalucía de la AEPSA, el antiguo Plan de Empleo Rural, cuya efectividad en Andalucía considera demostrada.

Por otra parte, el consejero reconoció ayer que una de las actuales deficiencias de la Junta es la tardanza en la concesión de las ayudas a las empresas que logran una línea de subvención pública, y anunció la publicación de un decreto que en el plazo aproximado de un mes vendrá a "agilizar el procedimiento". El nuevo sistema establecerá "la acción inmediata", si bien se establecerá un sistema de "tutela, encargado de comprobar la validez de la documentación presentada por el demandante".

Viera explicó que su departamento tendrá en cuenta el criterio de los colegios profesionales a la hora de valorar las iniciativas empresariales que opten a líneas de ayuda financiera para su puesta en marcha o para su desarrollo.

El responsable de Empleo y Desarrollo Tecnológico aseguró que será "inflexible" en la aplicación de sistemas que comprometan a los empresarios de la comunidad en el establecimiento de medidas de seguridad laboral.