Las comunidades del PSOE exigen que la ley del menor se retrase

Las comunidades autónomas no tienen dinero para cumplir las exigencias de la ley de responsabilidad penal del menor, que entrará en vigor en enero próximo. Por este motivo, los consejeros de Asuntos Sociales de las comunidades gobernadas por el PSOE (Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Asturias, Extremadura y Aragón, que no llegó a tiempo), se reunieron ayer en Madrid para exigir al Gobierno una moratoria "mínima" de un año sobre la aplicación de esta ley, que algunos jueces ya invocan en sus sentencias y cuyo coste han calculado en 27.000 millones de pesetas para las seis comunidades. Para hacer constar su preocupación, han enviado una carta al ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, al que piden una reunión "urgente" de todas las comunidades, y otra a sus colegas de otros partidos para que apoyen la iniciativa. La ley eleva la edad penal a los 18 años y obliga a las comunidades a hacerse cargo de los delincuentes de entre 14 y 18 años, algo imposible, según los consejeros socialistas, si no se realizan antes las transferencias necesarias.