Indonesia, entre la democracia y la corrupción heredada

ENVIADO ESPECIALEl astuto presidente indonesio, Abdurrahman Wahid, de 59 años, con una salud precaria, dos derrames cerebrales a sus espaldas y prácticamente ciego, afirmaba el pasado 26 de octubre, durante la toma de posesión del nuevo Gobierno, que sus máximas prioridades tras la cruel y ruinosa dictadura del general Suharto serían una "progresiva reforma militar, a la manera indonesia, la recuperación económica y el mantenimiento de la integridad territorial".

Al borde del segundo aniversario de la caída de Suharto (el próximo domingo), el presidente de Indonesia, un país endeudado hasta las cejas, minado por la corrupción y fracturado por enfrentamientos étnicos, religiosos o independentistas, ha puesto en marcha una lenta reforma militar, pero no ha emprendido el combate contra una corrupción casi endémica, ni ha impulsado la urgente y necesaria recuperación económica. El Fondo Monetario Internacional acaba de retrasar la inyección económica prevista para finales del pasado abril (400 millones de dólares) ante el incumplimiento de las medidas pactadas con Yakarta.

Procedente de una antigua familia comprometida con la independencia nacional y la defensa del islamismo, Wahid es un hombre contradictorio, misterioso y maquiavélico. Algo probablemente no muy aconsejable para gobernar el mayor archipiélago del mundo con más de 17.000 islas, cerca de 10.000 deshabitadas, más de 200 millones de personas, el 88% musulmanes, y ahora la teórica tercera democracia del planeta.

En un país en el que se toman las decisiones por consenso, Wahid lo dirige a golpe de inspiración, con desconcierto y de forma individualista. De ahí el sorprendente cese de su primer ministro de Defensa, el general Wiranto, investigado actualmente por su supuesta participación en las matanzas de Timor Oriental tras la victoria independentista en el referéndum del territorio. Tras solicitarle su dimisión en reiteradas ocasiones, el presidente le suspendió de sus funciones horas después de haberle confirmado en su puesto. Así gobierna Wahid.

Su cuerpo marchito contrasta con una mente ágil, controvertida y astuta. Sus pactos y alianzas con el resto de los partidos y especialmente con el Ejército, que concentraba todo el poder del país, le otorgaron la presidencia de una esperada transición democrática. No hay duda de que Wahid ha iniciado la desmilitarización del régimen sin aparentes convulsiones. El pasado febrero, el Gobierno destituyó sin protestas conocidas a 74 comandantes de las poderosas fuerzas militares. Por primera vez en más de treinta años de dominio militar, las Fuerzas Armadas iniciaban su progresivo alejamiento de los centros de poder político, aunque no todavía del económico.

El nuevo ministro de Defensa, Yuwono Sudarsono, explicaba a EL PAÍS que "el Gobierno está empezando una reforma militar que durará entre 5 y 10 años, pero no hay duda de que las Fuerzas Armadas se someterán al poder civil". "Hemos reducido", dijo, "la participación de los militares en el Parlamento, de 100 representantes a 38, y en la próxima legislatura, prevista para el año 2004, no habrá ninguno sin pasar por las urnas. Será una reforma gradual, y por ello necesitamos tiempo".

Ante la presión exterior y la amenaza de crear un tribunal internacional que juzgue las matanzas de Timor, el fiscal general del Estado, Marzuki Darusman, ha iniciado una amplia investigación que, al menos, está consiguiendo la paulatina declaración de los altos mandos del Ejército. El ministro de Defensa asegura que "los militares, con responsabilidades en estos crímenes, serán juzgados y castigados [el caso se encuentra en una fase preliminar y aún no hay procesamientos], pero tenemos que tener mucho cuidado. No tenemos una justicia instantánea como, a veces, quiere la opinión pública y los medios internacionales. Tenemos que instruir un proceso con todas las garantías y ofrecer un juicio justo. Sabemos que nuestra credibilidad está en juego y no queremos un tribunal internacional". No obstante, el presidente ya ha anunciado que si el general Wiranto resulta culpable será indultado.

La reforma militar ya está en marcha, pero no así la lucha contra la corrupción y las medidas para la necesaria recuperación económica. Los intereses de la familia Suharto, que aún concentra el poder en las más rentables compañías del país, y la crisis desencadenada en Asia a partir de julio de 1997 han tenido un impacto devastador en Indonesia. La deuda externa alcanzaba al final de ese año los 136.000 millones de dólares; la deuda privada de las empresas ascendía a más de 80.000 millones; el PIB cayó en 1998 un 13,2%; más de la mitad de la población vive por debajo del denominado límite de la pobreza, y el paro alcanza a más del 20% de la población. "Ningún país en la historia reciente, y mucho menos del tamaño de Indonesia, ha sufrido nunca semejante cambio de fortuna", explica un informe del Banco Mundial. Independientemente de la crisis asiática que, en algunos países, ya ha comenzado a repuntar, los analistas financieros coinciden en señalar que el deterioro de la situación se debe "a la falta de voluntad política para realizar las reformas necesarias y poner en marcha los programas acordados con el FMI". Los observadores confíaban en que el Gobierno emprendiera un programa de reformas que restaurara la confianza de los mercados, pero no ha sido así, debido en gran parte a los intereses y privilegios de la familia Suharto, que se resiste a la reforma y está precipitando al país en una crisis sin precedentes.