Trabajo pide a los sindicatos "coherencia" por la actitud de sus afiliados con las horas extras
Entre un 10% y un 15% de la población asalariada del País Vasco realiza horas extraordinarias y de ellos un 75% trabaja más de 45 horas semanales. Son datos de un estudio del Departamento de Trabajo, que inicia hoy una campaña para la supresión de esa práctica. El consejero, Sabin Intxaurraga, pidió ayer a los sindicatos "coherencia" entre sus posiciones teóricas y la práctica real de sus afiliados y les llamó a un compromiso con las empresas. A éstas les reprochó no hacer uso de las ayudas públicas existentes para el empleo creado por supresión de horas extras.
"Debe haber un compromiso por parte de los trabajadores y los empresarios para desterrar esta práctica", indicó el consejero Sabin Intxaurraga, al presentar ayer en Vitoria la campaña. A pesar de los acuerdos parciales alcanzados en las empresas para rebajar la jornada laboral, Trabajo constata que ésta no se reduce, ya que aumentan las horas extraordinarias. "Es una situación insolidaria y debemos favorecer la inserción de nuevos trabajadores", afirmó. Intxaurraga señaló a jóvenes y mujeres como los grupos más perjudicados por esta situación. La dificultad de cuantificar con exactitud reside en que es posible compensar las horas extras con tiempo libre, y además existe un límite legal de 80 horas anuales "que se superan en la mayoría de los casos", según el viceconsejero, José Ramón Bengoetxea. El Gobierno promulgó en julio pasado un decreto que fijaba ayudas a la financiación de puestos de trabajo creados por la supresión de las horas extraordinarias. Ninguna empresa ha hecho uso de esta posibilidad desde entonces, según revelaron los responsables de la consejería, que recordaron a los empresarios la existencia de esas facilidades.
Intxaurraga apeló también a los sindicatos para que se comprometan y aseguró que ellos "disponen de datos", que son facilitados a los comités por las direcciones de las empresas. También les pidió "mayor coherencia" y "pasar de la teoría a la práctica" en la concienciación de sus afiliados. El titular del departamento destacó que la transferencia de la Inspección de Trabajo que se prevé en el Estatuto de Autonomía favorecería, por proximidad, el control de estas situaciones.
La muestra en que se basan los datos se realizó en diciembre del año pasado, con motivo del censo del mercado de trabajo, y revela que entre el 10% y el 15% de los asalariados por cuenta ajena hace horas extraordinarias. De ellos, el 75% trabaja más de 45 horas a la semana, muy por encima de la jornada media fijada en los convenios, que ronda las 38 horas. "Sabemos que se hacen muchísimas horas extras y tenemos la certeza de que no están siendo compensadas con tiempo libre", apostilló Intxaurraga.
Dirigentes del sindicato ELA destacaron a este periódico la imposibilidad de cuantificar la dimensión de un asunto "que no incide de la misma manera en todos los sectores", y se remitieron al Acuerdo sobre el Empleo de 1999.
El responsable de CCOO en Vizcaya, Paco Blanco, indicó que se trata de un problema "de primera magnitud", ya que no sólo quedan fuera de control las horas extras que no se declaran, sin también las que no se cobran. "Debería existir una acción más punitiva por parte de la Inspección de Trabajo contra los empresarios", resaltó. Además de apuntar que el Acuerdo sobre el Empleo "se ha quedado en un contenido retórico", acusó a la patronal de usar estas horas "como un elemento más de gestión". Se remiten a una encuesta realizada por el propio sindicato en febrero de 1998. Según ésta, los trabajadores del sector de banca, cajas y cooperativas de ahorro, realizaban una media de 240 horas extras por año, es decir, 3.300.000 en total. "Ello representaría, sin ser exhaustivos, la creación de 1.250 nuevos puestos de trabajo, un 7,5% de la plantilla global del sector en el País Vasco", subrayó Patxi Ruiz, de CCOO.
[Inspección de Trabajo ha levantado una nueva acta de infracción a FEVE por superar el tope legal de horas extras, tras una denuncia de ELA, y advertido a la empresa de que remitirá su actuación a la Fiscalía si no corrige una práctica que le ha valido 96 actas y sanciones en nueve años, informa Efe.]
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