Pero, ¿qué hace el Gobierno?

En el debate que sacude a la opinión pública cuando ETA comete un asesinato, llega siempre un momento en el que surge la pregunta por la responsabilidad del Gobierno, de éste del PP, de los anteriores del PSOE y hasta de los ya prehistóricos de UCD. La pregunta es en muchos casos retórica, pues lleva implícita una respuesta a modo de exhortación: es necesario que el Gobierno haga algo. Generalmente, a tal requerimiento sigue la propuesta de un modelo: Aznar y Mayor debían aprender, por ejemplo, de Blair y Mandelson.Hay en esta lógica un supuesto que es preciso explicitar antes de seguir adelante: si el Gobierno tiene algo que hacer será porque hasta ahora no ha hecho nada o lo hecho es insuficiente. Para esta manera de razonar no cuenta que la primera medida tomada por los Gobiernos del Estado democrático fuera una amnistía general y la última un concierto económico que deja en manos del Gobierno vasco la totalidad de la Hacienda. La pregunta ¿qué hace el Gobierno? ignora que, además de negociar con ETA, los Gobiernos españoles han dado entre 1977 y 1999 pasos de tal calado que han permitido consolidar en Euskadi un autogobierno con competencias superiores a las de cualquier Estado federado de los que existen en el mundo.

Pero si esa pregunta puede siquiera formularse, y debatirse, es porque esos avances han tenido un efecto insólito: en lugar de integrar más profundamente a los nacionalistas en el Estado, han reforzado su opción contra el Estado. Éste es el hecho político clave: alcanzar el máximo de autogobierno ha disparado unas exigencias situadas en terreno ajeno al constitucional no porque no se haya desarrollado el potencial de la Constitución, sino por lo contrario, por haberse cumplido. Por eso, quienes reclaman que el Gobierno haga algo, normalmente no dicen qué demonios puede hacer y se lavan las manos proponiendo un modelo: que haga como Blair, que se mueva, que negocie.

A pesar de que la situación en Euskadi en muy poco recuerda la de Irlanda del Norte, sigamos el razonamiento puesto que a ello invitan personas sesudas y de relieve político. Aznar y Mayor podrían ser como Blair y Mandelson, sí, claro, pero siempre que Arzalluz hiciera de Ahern, y Otegi imitara a Adams, o sea, siempre que PNV y HB fueran capaces de obligar a ETA a un desarme completo y verificable sin haber alcanzado previamente la soberanía. ¿Están dispuestos? Si lo están, no lo demuestran: HB ha sido incapaz de emitir una voz distinta a la de ETA; y el PNV lamenta los asesinatos menos de lo que desea ver a ETA desarmada. A los hechos, no a las palabras, hay que remitirse: el PNV selló un pacto estratégico con ETA a cambio de una incierta tregua y jamás ha intentado emplear los enormes recursos de que dispone su Gobierno para proceder al desarme moral y material de la organización terrorista.

El problema para cualquier posible iniciativa del Gobierno del Estado consiste en que la coincidencia actual de PNV, HB y ETA en sus objetivos estratégicos pesa más que sus discrepancias en el orden táctico: cinco meses ha dado de plazo Egibar a Otegi para romper un pacto que los recientes asesinatos de un militar, un policía, un político y un periodista deberían haber hecho trizas. Tanto miramiento con autores y legitimadores de asesinatos liquida las condiciones mínimas para que el Gobierno pueda negociar nada con los nacionalistas, como nunca Blair hubiera restablecido la autonomía de Irlanda del Norte -infinitamente menor que la de Euskadi puesto que pudo suspenderla- sin el previo compromiso del IRA de someter a un control efectivo su desarme.

En un país como el vasco, donde todo el mundo se conoce, si PNV y HB obligaran a ETA a un desarme completo y verificable, o sea, y por seguir con la mimesis irlandesa, si Arzalluz decidiera ser Ahern, y Otegi pudiera ser Adams, todo el problema se desvanecería en el aire y Aznar podría actuar como Blair y hacer algo; por ejemplo, no reclamar el adelanto de elecciones.