La Sindicatura alerta sobre los problemas para fiscalizar transferencias y subvenciones públicas

La Sindicatura de Comptes ha convocado unas jornadas técnicas con ocasión de su 15º aniversario en las que propone una reflexión sobre el uso de herramientas informáticas en la auditoría y un segundo seminario sobre la necesidad de reformar la Ley General Presupuestaria, de ámbito estatal, aprobada en 1977. Francisco Gil, síndic adjunto, explicó ayer que los auditores públicos se desenvuelven con soltura cuando someten a control técnico los procedimientos de gasto, pero tropiezan con serios problemas cuando intentan seguir el rastro de subvenciones o transferencias.

Francisco Gil, síndic adjunto a propuesta del PP, ha dilatado su renuncia al cargo para participar activamente en los actos convocados con ocasión del aniversario de institución fiscalizadora y es responsable de la organización de las jornadas técnicas.Gil aportó varias razones para justificar una profunda reflexión sobre el contenido de la ley. Todas las comunidades autónomas han desarrollado su propia legislación en materia presupuestaria, "más o menos inspiradas" en la norma estatal. Gil sugirió que "sería deseable una armonización" de las disposiciones vigentes en las distintas regiones para facilitar el trabajo de los técnicos auditores, pero puso el acento en el rastreo de las subvenciones y transferencias.

La institución fiscalizadora trabaja a partir de muestras aleatorias para controlar la adecuada gestión de los fondos públicos. Gil comentó que la "experiencia acumulada" en materia de gasto público y las fases técnicas a las que se someten los pagos, desde su autorización hasta su disposición y liquidación efectiva permiten a los técnicos seguir sin mayor problema el destino de los fondos.

Sin embargo, alertó sobre la necesidad de establecer procedimientos técnicos similares para hacer un seguimiento efectivo de las subvenciones y transferencias a instituciones públicas o privadas. Gil evitó ser más explícito y remitió a los debates convocados por la Sindicatura que deben celebrarse la próxima semana, pero puso el dedo en la llaga.

Las subvenciones a particular o instituciones se conceden a partir de una serie de requisitos, en algunos casos atendiendo al orden de solicitud y, en otros, por decisión administrativa sin mayor control. Un problema que se extiende a su destino efectivo posterior que en muchas ocasiones es difícil acreditar. Abren pues una vía para la discrecionalidad en el gasto público que ofende la vocación fiscalizadora de la Sindicatura.

Un caso paralelo se produce en las transferencias destinadas a otras administraciones o incluso en las que recibe la Generalitat del Estado, salvo aquellas con destino finalista destinadas a cubrir gastos correspondientes a actuaciones muy concretas.

Al margen de los problemas técnicos que entraña el seguimiento de las subvenciones, Gil explicó que la LGP fue redactada cuando apenas se estaban definiendo las competencias de las comunidades autónomas, que han asumido cuantiosas partidas para gastos y subvenciones desde entonces.

Una vez implantada la moneda única en la Unión Europea, el presupuesto se ha convertido en el mecanismo de las diversas administraciones para intervenir en la política económica, puesto que la política monetaria corresponde la Banco Central Europeo. Pero la propia UE establece restricciones y exigencias que deben cumplir todas las administraciones y que requieren una adaptación de la normativa estatal y las respectivas normas de ámbito autonómico o local. Y la adecuada fiscalización es absolutamente necesaria porque, como explicó Gil, sin una adecuada contabilidad "el presupuesto por programas es más teórico que real".

Entre las cuestiones a debate en torno a la legislación presupuestaria, Gil mencionó un último asunto de interés relativo a la relación profesional que mantienen los gestores de fondos públicos con los responsables políticos de los distintos gobiernos y se preguntó si deberían estar sometidos a derecho administrativo o a derecho laboral en aras de una mayor independencia de criterio.