Acció Cultural rechaza la "violencia" de ETA y la "institucional" que, según dice, hace el Consell

Acció Cultural no se achica. La organización nacionalista, duramente criticada por el PP y las instituciones gobernadas por este partido por los actos convocados en conmemoración del 25 d'Abril, contraatacó ayer al condenar tanto "la violencia de ETA" como la practicada por las instituciones. La entidad dirigida por Eliseu Climent intentó ayer diluir cualquier parecido entre la asamblea de concejales nacionalistas y las iniciativas similares impulsadas en el País Vasco. Mientras, el PP y la oposición -PSPV y EU-no pudieron consensuar en las Cortes un manifiesto contra los "actos vandálicos" del sábado.

Acció Cultural volvió ayer a replicar -ya lo hizo el martes-a la ofensiva del PP contra los actos organizados por el colectivo nacionalista. Con una sobria puesta en escena, el presidente de la entidad, Vicent Martínez Sancho, leyó ante los medios de comunicación una "respuesta" a la "declaración institucional del Gobierno valenciano". La contestación no evita la confrontación con el PP. La organización nacionalista reitera que siempre ha "condenado y condena todo tipo de violencia, sea cual sea la justificación ideológica de los que la practican". "En el caso concreto de ETA [el Consell ha equiparado la asamblea del sábado con la auspiciada "por el brazo político" de la organización terrorista] Acció Cultural ha condenado siempre sus actuaciones, como cualquier persona y organización democrática, no sólo por las pérdidas de vidas humanas que ocasionan sino también porque las considera contraproducentes para la convivencia democrática", señala el escrito. El manifiesto leído por Martínez Sancho no sólo replica las críticas: también pasa al ataque frontal, aunque implícito, contra las autoridades valencianas. "Desde Acció Cultural condenamos también la violencia institucional, ejercida desde el abuso de poder y a través del control interesado y perverso, de manera subliminal o explícita, de determinados medios de comunicación de masas, tanto escritos como audiovisuales".

Lo que inicialmente eran críticas veladas se convierten en ataques expresos cuando la entidad dirigida por Climent se refiere a la asamblea del sábado, a la que, según la organización, acudieron cerca de 650 concejales progresistas y nacionalistas de la Comunidad Valenciana, Cataluña, las Islas Baleares y Aragón. "La misma celebración y el éxito de la asamblea y sus conclusiones son, a nuestro entender, la auténtica razón de la irritación del Consell".

Este argumento, ya esgrimido por Climent para denunciar la "ofensiva" del PP, va seguido de otra reivindicación del comportamiento de los miles de asistentes al acto del sábado. Éstos, en opinión de Acció Cultural, mostraron una "actitud de civismo y madurez democrática" tanto durante la manifestación como en el concierto protagonizado por Lluís Llach.

La organización cívica insistió en "que es el Gobierno valenciano el que pretende dividir a la opinión pública cuando intenta crear un problema donde no lo hay". En consecuencia, y para intentar frenar los ataques desde las instituciones e intentar reparar por vía judicial el posible descrédito sufrido, Acció Cultural anunció que estudia presentar una denuncia por injurias contra la persona o personas que hayan difamado su nombre.

Por su parte, el secretario de Esquerra Republicana (ERC), Josep Lluís Carod, exigió ayer al PP que rectifique las acusaciones contra Acció Cultural, que tachó de "irracionales" y "demenciales". El dirigente independentista consideró que la reacción de los populares supone el inicio de una "cruzada" contra "toda expresión del nacionalismo democrático que no sea el español". "En este nuevo 18 de julio, el PP va también contra nosotros, empezando por el País Valencià", remachó.

También Iniciativa per Catalunya-Verds (IC-V) mostró su contrariedad por la reacción del Consell. El responsable de política municipal, Jaume Bosch, consideró "perfectamente legal y legítimo" el encuentro de concejales del sábado. "Parece que el PP olvide que todos los asistentes eran cargos electos y que, por tanto, tienen la misma legitimidad democrática que los cargos del PP que han intervenido en la polémica", remachó.

En cambio, el presidente del PP de Cataluña, Alberto Fernández Díaz, defendió a sus correligionarios y pidió "respeto" para las instituciones valencianas.

Mientras tanto, en las Cortes Valencianas continuó ayer el debate en torno al asunto, que viene enfrentando desde el pasado lunes al PP con los grupos de la oposición. El enfrentamiento hizo imposible alcanzar un acuerdo para aprobar una declaración institucional -que requiere el consenso de todos los grupos- para condenar los "actos vandálicos" del pasado sábado en la plaza de toros. El PP había presentado el martes a los grupos de la oposición una propuesta de declaración institucional en la que, además de condenar esos sucesos, equiparaba la asamblea de concejales a una iniciativa similar promovida en el País Vasco por "el brazo político de ETA". La propuesta del PP consideraba que los actos del sábado "atentan contra el pueblo valenciano".

El PP, que había iniciado el mismo lunes una ofensiva en toda regla, continuó ayer en la misma línea. Así, el presidente de la Generalitat reiteró que la agrupación de foros de distintas comunidades autónomas, en referencia a la asamblea de concejales del sábado, no sólo "no está recogida en la Constitución", sino que "no es conveniente para el clima de convivencia de la Comunidad Valenciana". Además, consideró que el término Països Catalans va en contra de la "convivencia". Zaplana respaldó las declaraciones realizadas al respecto el martes por la portavoz del Consell, Alicia de Miguel, y dijo que "representan la opinión" de su Gobierno.

La oposición rechazó la propuesta de declaración institucional que había presentado el portavoz del PP, Alejandro Font de Mora, por considerarla "malintencionada" y volvió a acusar a los populares de "magnificar" y de intentar "criminalizar" los sucesos del sábado y de "reabrir" con "mala fe" el debate del anticatalanismo.

El PP, decidido a seguir en su línea, después de asegurar que al negarse a "condenar" los actos vandálicos la oposición se convierte en "cómplice" de sus autores, anunció que tramitará su propuesta de declaración institucional como proposición no de ley, cuyo debate servirá para "desenmascarar" la postura de la oposición.