Sindicatos, Iglesia y ONG protestan contra la reforma de la Ley de Extranjería Concentración de inmigrantes en una finca fresera

El anuncio que realizó el martes el presidente del Gobierno español, José María Aznar, durante su visita a Marruecos, de una inminente reforma de la Ley de Extranjería para extremar el control en las fronteras provocó ayer en Cádiz un inmediato rechazo de más de una veintena de colectivos sociales y humanitarios. La Iglesia, la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía, los sindicatos UGT y CC OO, la Asociación de Trabajadores Inmigrantes Marroquíes en España (ATIME) y asociaciones vecinales y sociales protestaron contra las intenciones del Gobierno. Según este movimiento social, la modificación de la actual Ley -aprobada por todos los partidos en el Congreso con los votos en contra del PP- sería una decisión "irracional e inhumana".Todos estos colectivos acusaron ayer al Gobierno, del PP, de "falta de sensibilidad" y le advirtieron de que, con la actual política de "cierre de fronteras", no evitarán que se registren más muertes en el Estrecho y ni las mafias que operan en Marruecos. "Estamos totalmente en contra porque va en detrimento de los inmigrantes: seguiremos movilizándonos", anunció Rafael Lara, coordinador andaluz de migraciones de Derechos Humanos.

Lara denunció recientemente que, en lo que va de año, se contabilizan 120 muertes en aguas del Estrecho, el mismo número que durante 1999. Lamentó que esta estadística no haya provocado un cambio en la política de inmigración del Gobierno. "Hasta las muertes se están volviendo en contra de los propios inmigrantes. En vez de hacer reflexionar al Gobierno sobre lo que está pasando y buscar soluciones que partan de la mayor generosidad, el Ejecutivo endurece aún más sus posturas. Eso no sirve para nada más que para que pierdan la vida las personas más desgraciadas y para que las mafias continúen enriqueciéndose a su costa", denunció.

Derechos Humanos considera que el Gobierno ha estado preparando estos últimos meses "un clima de alarma" para anunciar la reforma de la ley. "Sólo así se explica", según Lara, "las cifras que ha aportado la Subdelegación del Gobierno en la provincia de Cádiz", que informó de que 5.000 marroquíes y subsaharianos aguardaban en Tetuán para cruzar clandestinamente el Estrecho. En opinión del portavoz de Derechos Humanos, "ha sido una mentira destinada a alarmar". "Se trata de demostrar que esto es una avalancha, que nos van a invadir y para ello hay que controlar, contener y tener cuidado, y para ello hay que modificar regresivamente la ley. Están exagerando mucho con objetivos políticos", dijo.

El subdelgado del Gobierno en Cádiz, Miguel Osuna, negó ayer que las cifras oficiales aportadas tengan intencionalidad política. "No pretenden respaldar un cambio legislativo porque se ajustan a la realidad", aseguró. Osuna insistió en que se producirá "una auténtica avalancha" de pateras en las próximas semanas y hasta el 31 de julio, fecha en la que concluye el periodo de regularización de los inmigrantes que residen en España. "Aunque se cambie la ley, vamos a seguir asistiendo a una llegada masiva de inmigrantes por el efecto llamada que produce la actual ley", afirmó.

La situación de los inmigrantes volvió a generar tensiones ayer. Un grupo de 75 trabajadores marroquíes protestó ayer contra los propietarios de la finca fresera Doñana 2000, situada en el término municipal de Almonte (Huelva) tras ser despedidos el pasado lunes por iniciar una huelga indefinida.

Los temporeros que se concentraron ayer en las instalaciones de la finca fresera llegaron a Huelva entre el 22 de marzo y el 10 de abril pasados procedentes de El Ejido (Almería). El traslado lo gestionó la Subdelegación del Gobierno onubense. Desde entonces, trabajan seis horas y media al día en la recogida de la fresa junto a medio centenar de españoles.

El colectivo de inmigrantes, amparado por el Sindicato de Obreros del Campo, con escasa representación en el sector, y la Asociación de Emigrantes Marroquíes en España (AEME), justificaron la protesta por las condiciones de vida que calificaron de "casi medievales". "No nos dan agua potable y nos cortan la luz a las once de la noche. Además, nos tratan como animales porque nos hacen coger entre 40 y 50 cajas de fresa al día", explicó ayer en las puertas de la finca Abdel Latef, un marroquí de 22 años.

Estos inmigrantes esperan que, en los próximos días, la Subdelegación del Gobierno regularice su situación. Los marroquíes acusan también a la gerente de la finca, Mireia Giorgi, de chantajearles por hacerles creer que si no trabajan como ella les dice no obtendrán los papeles.

Anoche, los 70 temporeros permanecían concentrados ante la finca para exigir el pago del dinero que les adeuda la empresa: la segunda quincena del mes de abril y los primeros siete días de mayo.

Estos trabajadores viven durante seis meses repartidos en 24 módulos prefabricados, aislados detrás de unas naves, de seis metros de largo por 2,40 de ancho, donde caben dos literas con cuatro camas y un cuarto de baño con aseo, sanitario y ducha. Un espacio reducido donde cocinan y pasan la mayor parte de sus horas de descanso. Algunos módulos están ordenados, aunque otros presentan un estado lamentable de conservación.

La gerente negó los motivos esgrimidos por los trabajadores y aseguró que la actitud de éstos se debe "a una protesta por el despido de 10 temporeros ilegales, que se han estado colando en los módulos durante las últimas semanas con la intención de trabajar". Giorgi defendió que "en ningún momento se ha tratado mal a estos temporeros". Lo cierto es que ayer la finca contaba con un tanque de agua potable de 3.000 litros que, según Giorgi, "se trae a este lugar desde el pasado 12 de enero". La mujer añadió también que en los módulos se encuentra instalado un grupo electrógeno, que proporciona luz durante todo el día. La gerente confirmó ayer que ha presentado una denuncia por supuestas amenazas contra un inmigrante.