Los gobiernos valenciano y murciano admiten que la situación del Segura es "crítica y grave"

Conciencia colectiva, implicación directa de todas las administraciones afectadas, fuertes inversiones para crear o mejorar infraestructuras de depuración, política hidráulica común y paciencia. Son los ingredientes de la receta que los gobiernos de la Comunidad Valenciana y Murcia aportan para conseguir el saneamiento integral del Segura. Las medidas de emergencia decretadas el viernes por el alcalde de Orihuela ante la contaminación del río han hecho reaccionar a ambos ejecutivos, que ayer admitieron que la situación es "crítica y grave", y que puede llegar a ser "peligrosa".

Para los gobiernos valenciano y murciano, la contaminación del Segura figura entre los principales problemas de sus comunidades, y por partida doble. "La situación es crítica tanto por la cantidad como por la calidad del agua", admitió ayer el consejero valenciano de Obras Públicas, José Ramón García Antón. "El peligro está en el riego, y no en los olores", puntualizó Antonio Cerdá, consejero de Medio Ambiente, Agua y Agricultura de Murcia. Para ambos, la "grave" contaminación del Segura es "una evidencia", que tardará años en superarse, y admitieron que la situación puede llegar a ser "peligrosa" si no se actúa con celeridad en la aplicación de medidas complementarias a las obras de saneamiento en marcha.La principal de esas medidas sería la puesta en práctica de una política hidráulica común, que motiva encuentros periódicos entre ambos consejeros. Tanto García Antón como Cerdá consideran que la solución definitiva para el Segura llegará con el Plan Hidrológico Nacional, que aportará el caudal necesario de cuencas excedentarias, imprescindible para regenerar el río "de la cabecera a la cola". El consejero murciano reconoció que su Comunidad es la que más contamina el río. "Sólo la aportación de caudales [externos] puede conseguir que el agua que llegue a La Vega Baja sea limpia y de calidad", señaló Cerdá.

La receta para conseguir el saneamiento continuaría con una implicación directa de todas las administraciones afectradas, para dotar a los municipios que baña el Segura de colectores y plantas depuradoras (obras en las que en estos momentos los gobiernos valenciano, murciano y central invierten 29.000 millones de pesetas), y una concienciación colectiva sobre el problema. "Huertanos, ganaderos e industriales tiran sus desechos al río por tradición, y esa situación hay que corregirla", apuntó Antonio Cerdá, convencido de que la depuración más efectiva es la que se produce "en origen". "De nada serviría invertir 30.000 millones si el agua no llega a las depuradoras como debe", añadió José Ramón García Antón.

Por ello, ambos reclaman a los municipios ribereños que se impliquen en el control de los vertidos, como ha hecho Orihuela al decretar medidas "de emergencia" en esa línea.

Todos de acuerdo, menos uno

Que la contaminación del río Segura es un problema "grave", "preocupante" y "peligroso", es algo que ya asumen abiertamente todas las administraciones y líderes políticos, valencianos y murcianos, excepto el presidente del PP y de la Diputación de Alicante. Julio de España insistió ayer en su teoría de que "no hay que ser alarmistas", dado que de los informes en su poder no se desprende riesgo alguno para la salud. De España es la única voz discordante con el decreto de emergencia que el viernes firmó el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina, compañero de partido. "Creo que los informes no justifican ese estado de emergencia", señaló. El dirigente popular reconoció ante los micrófonos de Radio Alicante-Cadena SER no haber leído el documento de Medina, pero lo interpretó: "Sin conocer el tema, opino que va dirigido a los ciudadanos, y que es una iniciativa para concienciar al tejido más sensible de la sociedad de La Vega Baja: los jóvenes", dijo De España, cuando en realidad lo que hizo el alcalde de Orihuela fue alertar sobre el "grave peligro" que para la salud humana y el futuro de la agricultura implica la extrema contaminación del río.

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