Investigar al poderoso

Con mas de veinte años de régimen democrático, ha llegado el momento de reivindicar la necesidad de que los peritos y jueces a los que ha tocado el deber de investigar a personajes poderosos e influyentes en temas presuntamente delictivos puedan ejercer su trabajo en unas condiciones que no sean las de sufrir unas presiones poco menos que insoportables. Aquí estas investigaciones, en particular, se alargan hasta mas allá de todo plazo razonable. Tengo documentado casos potencialmente explosivos que ya han sobrepasado los ocho años de instrucción en la Audiencia Nacional. Mientras duran estos procesos muchos profesionales honestos, encargados de investigar tanto delito de cuello blanco, acaban agotados cuando no asqueados por lo que han tenido que soportar año tras año, incluidos los desprecios de algún fiscal adoctrinado. El instructor y sus ayudantes son sometidos constantemente al demagógico argumento de que lo que investigan son temas muy delicados, que van a tener una gran trascendencia económica, incluso en términos de puestos de trabajo. En el fondo, una constante invitación a que es peor el remedio que la enfermedad. Mientras, los equipos de "prestigiosos" abogados estiran el estado de derecho en busca de una prescripción complaciente, los políticos se dejan halagar por los poderosos bajo sospecha y los medios silencian o achuchan según convenga en cada coyuntura.Recientemente Carlos Villarejo en la memoria anual de la Fiscalia Anticorrupción expresaba su desazón por el hecho de que quienes son investigados por su equipo, en su mayoría empresarios o administradores de sociedades, alcen la voz para denunciar presuntos perjuicios económicos que ocasiona la apertura de un procedimiento para investigar posibles delitos. Este fiscal defendía, cargado de razón, que el proceso justo debe estar por encima de cualquier eventual pérdida económica. Da dos razones; la primera, que si se tomara en cuenta el riesgo de variación en la cotización bursátil o cualquier grado de perturbación en la actividad mercantil, existiría una "nítida" desigualdad con la delincuencia común. Y la segunda que si "el objeto de la investigación hubiera de resolverse a favor de los intereses económicos, sería preferible y mucho más económico, y desde luego, favorecedor en la impunidad de la delincuencia, que la Administración de Justicia no iniciaran investigación alguna".

Si al juez Jackson no parece temblarle la mano por la caída de las acciones de Microsoft en Wall Street, ¿por qué un fiscal español tiene que reivindicar lo obvio, a la hora de investigar una situación presuntamente delictiva?

Hoy España esta resolviendo una serie de situaciones presuntamente delictivas enquistadas en los últimos diez años: la forma de hacer negocios y liquidar grandes empresas del entorno de De la Rosa, la actuación de la plana mayor de la Administración de Hacienda en Cataluña, las prácticas financieras que encarnó Mario Conde, el episodio de las cesiones de crédito de lo que ahora es una gran institución bancaria, etcétera. Tengan los ciudadanos la seguridad que todas pasarán a ser juzgadas, la cuestión será cuándo y cuánta resistencia más o menos legítima opondrán los presuntos imputados.

La justicia debe revisar su forma de actuar, no puede agotar a sus mejores peones durante la investigación, no debe dejar que la política se meta ni siquiera por medio de la Fiscalía General del Estado. No se trata de ser justiciero, solo de normalizar nuestra democracia. De hecho no sería una mala idea que se llegará a acuerdos con estos presuntos poderosos, a compromisos legales con luz y taquígrafos, porque el objetivo no es que nadie vaya a la cárcel, sino que simplemente cada uno devuelva lo que era de todos y acabó en su poder de forma irregular. Liquidemos los temas, con ello habremos dado un gran paso y tendremos una saludable sensación de justicia para todos.

Gregorio Martín es director del Instituto de Robótica de la Universidad de Valencia.