La oposición pide modificaciones en la norma alavesa que limita el tratamiento fiscal favorable a las 'stock options'

El discurso ya resuelto en el Congreso de los Diputados sobre las stock options (opciones sobre acciones) se trasladará próximamente a las Juntas Generales de Álava, donde el gobierno foral del Partido Popular ha elaborado un proyecto de norma que, entre otras cuestiones, limita el tratamiento fiscal favorable a estos beneficios. Los grupos junteros de Euskal Herritarrok e Izquierda Unida han presentado sendas enmiendas a la totalidad del texto, mientras que el PSE pretende cambiar sólo el apartado referido a las stock options. El proyecto del PP consiste en que si las cantidades percibidas por esa vía superan en cinco veces el salario medio de los contribuyentes, se les aplicará el tipo máximo para los rendimientos del trabajo. De ese modo, se pretende evitar que quienes obtienen importantes cantidades de sus salarios consigan una tributación reducida. Las Haciendas de Guipúzcoa y Vizcaya preparan normas similares.El proyecto, aprobado por el gobierno de Ramón Rabanera el pasado 14 de marzo, contiene además otras modificaciones respecto a la actual normativa foral de los tributos sobre los que la Diputación tiene competencias. El principal cambio se refiere a las inversiones en investigación y desarrollo (I+D). Hasta ahora, las empresas obtenían unas deducciones del 15% de lo invertido en el Impuesto de Sociedades, mientras que la Diputación pretende ampliarlo al 30%. A este respecto, IU no cree oportuno el aumento de las deducciones "por el sesgado destino de las ayudas a favor de las empresas más fuertes".

También se opone IU a las ayudas propuestas por el gobierno (una deducción del 15%) a las empresas que compren vehículos de transporte nuevos, introducidas por criterios medioambientales. El proyecto también deroga un artículo por el que los defraudadores deben pagar un mayor recargo en sus sanciones en función del perjuicio económico causado a la Hacienda pública. La Diputación lo ha suprimido porque existen sentencias judiciales contrarias a la aplicación del artículo y como consecuencia del pacto fiscal con el Estado.