El juez afirma que el Ayuntamiento puede ser responsable civil por el crimen de la Villa Olímpica

El magistrado Adolfo Fernández Oubiña, encargado de tramitar el sumario por la muerte de Carlos Javier Robledo, de 22 años, a consecuencia de una brutal paliza ocurrida en la Villa Olímpica el pasado 1 de abril, considera que el Ayuntamiento de Barcelona podría ser responsable civil subsidiario de los hechos. Por ese motivo, el juez ha exigido al consistorio una fianza de un millón de pesetas antes de decidir si acepta a la Administración municipal como acusación particular y pide a la Guardia Urbana que informe sobre el dispositivo que había en la zona aquel día.

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Barcelona ya solicitaron a los pocos días de ocurrir los hechos que el titular del Juzgado de Instrucción número 14 de Barcelona les permitiera ejercer la acusación particular pero el juez se lo negó en un auto dictado el 15 de abril y le exigió un millón de pesetas de fianza y que indicara a cargo de qué partida presupuestaria procedía el dinero. Esa resolución fue recurrida por el consistorio y ahora el juez no sólo ha vuelto a insistir en su razonamiento sino que en un nuevo auto dictado ayer Fernández Oubiña advierte que el Ayuntamiento pudiera ser declarado al final de este proceso responsable civil subsidiario al entender que los hechos sucedieron "en una zona -el Puerto Olímpico- en la que la seguridad está tutelada por el consistorio".El magistrado precisa, en este sentido, que la Guardia Urbana de Barcelona no llegó a "tomar parte activa en el intento de controlar la grave situación de ruptura social que se había producido, en buena parte, por el claro incumplimiento de las normas que para la convivencia vecinal dicta el propio municipio". Esa circunstancia, explica el juez, "bien podría significar" para el Ayuntamiento "alguna suerte de responsabilidad civil subsidiaria". Si así ocurriera, opina el magistrado, el hecho de depositar la fianza "facilitaría la materialización de dicha responsabilidad si, en definitiva, así se acordara".

En sintonía con los argumentos del juez la asociación de vecinos de la Villa Olímpica había venido reclamando desde antes de que ocurrieran los hechos un mayor control del Ayuntamiento en el cumplimiento de horarios en los locales de la zona. Sin embargo, hasta que se produjo esa muerte las administraciones local y autonómica, así como la Delegación del Gobierno, no coordinaron una actuación conjunta en la zona. A consecuencia de esa actuación 80 locales acabaron expedientados por la Administración tras un fin de semana en el que la policía tomó por la noche el Puerto Olímpico.

La misma resolución dictada ayer por el magistrado Adolfo Fernández Oubiña solicita al consistorio que le detalle la hora de apertura y cierre de la discoteca Black Fire situada en el Puerto Olímpico y en cuyas inmediaciones se produjo la muerte de Robledo. La decisión del juez razona en otro apartado que la cuantificación de la fianza en un millón de pesetas "no se aleja del justo límite que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial en el aspecto mesurable", así como tampoco el reclamo de solicitar la procedencia de la partida presupuestaria. "No va más allá del deseo de conocer su concreto carácter público o privado, ya que en un principio parece que van a dedicarse a un objetivo de este último tipo", precisa el juez, "dada la aparente ausencia de un legítimo interés procesal en el organismo que de ellos dispone", en alusión al consistorio.

Silencio del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Barcelona declinó ayer realizar ningún comentario sobre la decisión judicial porque no se les había notificado. Pese a ello, un portavoz oficial aseguró que si es cierto que se desestima la petición del consistorio de ejercer la acusación particular en el proceso, se agotarán todos los recursos judiciales posibles para lograrlo. Por el contrario, el Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet, municipio en el que residía la víctima, ha sido aceptado en el proceso desde el primer momento como acusación particular y ha contratado los servicios jurídicos del despacho formado por Josep Rofes y Fermín Morales.

Los 10 acusados por el caso que permanecen en prisión empezarán a pasar a partir de hoy por el juzgado para que se les notifique personalmente el auto de procesamiento dictado la semana pasada por el magistrado en el que les acusaba de un delito de asesinato, de otros dos asesinatos en grado de tentativa y de tres robos. Del mismo modo, el juez aprovechará el encarcelamiento de los jóvenes para practicar una rueda de reconocimiento en la que participarán los dos amigos que acompañaban a Robledo la noche en que se produjeron los hechos y que pudieron huir tras sufrir varias contusiones.