Agua de Cortes cederá un 51% a la Generalitat pero con "matices"

Los representantes de la embotelladora Agua de Cortes y del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) abrieron ayer las negociaciones para solucionar un conflicto que les enfrenta desde hace tres años. El alcalde de Cortes de Arenoso, el socialista José Mata, está dispuesto a ceder el 51% del capital de la planta a la Generalitat, pero con "algunos matices", que se concretarán en unos días y de los que prefirió no dar detalles.

El alcalde de Cortes de Arenoso y ex presidente de la embotelladora, José Mata, mantuvo una reunión de más de tres horas con el director general del IVF, José Manuel Uncio, después de tres años de conflicto, que se ha recrudecido en los últimos meses tras la decisión de la Generalitat de sacar la compañía a subasta para cobrar un crédito público de 306 millones de pesetas concedido a la compañía en 1994. Mata se mostró dispuesto a ceder el 51% del capital que reclama la Generalitat siempre que se alcanzase un acuerdo aceptable para la embotelladora.

La Generalitat se reafirmó ayer en la oferta presentada el pasado 13 de abril a los representantes de Aguas de Cortes. Además de la mayoría del capital, la Generalitat pide la presidencia de la empresa, un cambio en los órganos de gestión y la renuncia del Ayuntamiento castellonense, propietario de la planta, a las acciones judiciales hasta ahora emprendidas.

En contrapartida, la Generalitat ofrece la vicepresidencia al Ayuntamiento de Cortes de Arenoso y el compromiso de adoptar cualquier decisión por mayoría cualificada. Fuentes de la Generalitat interpretaron esta decisión como "un principio de acuerdo", aunque los aspectos técnicos seguirán discutiéndose en unos 15 días. Mata prefirió hablar de "punto de partida".

El conflicto entre Agua de Cortes y la Generalitat estalló con la llegada del PP a la presidencia de la Generalitat. La embotelladora recibió un crédito público del Gobierno socialista de Joan Lerma en unas condiciones que, tras la llegada del PP, se reinterpretaron. Las partes han recurrido incluso a los tribunales ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo hasta la fecha.