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Tribuna:

Por los valores sociales en la nueva economía.

La participación del sindicalismo español en el Primero de Mayo expresa múltiples demandas y propuestas.El sonoro fracaso de la reunión de la Organización Mundial de Comercio en Seattle debiera haber actuado como un revulsivo frente a una globalización en beneficio de los más poderosos. Sin embargo, tras la apariencia de un desconcierto inicial, los Gobiernos y las organizaciones internacionales (señaladamente, el Fondo Monetario Internacional) se muestran decididos a continuar adelante con su idea de liberalizar el comercio internacional sin reglas sociales y medioambientales obligatorias.

Frente a esta idea, los sindicatos creemos que el comercio internacional debe estar regido por normas orientadas a elevar el nivel de vida de los trabajadores y a eliminar las grandes diferencias que actualmente existen entre las zonas ricas y las menos desarrolladas del planeta. La eliminación de los paraísos fiscales, la imposición de controles y gravámenes sobre los flujos de capital especulativo y un aumento sustancial de los fondos destinados a la cooperación internacional son imprescindibles para que el desmantelamiento arancelario no conduzca, como ahora ocurre, a fomentar la especulación financiera y la inestabilidad de los mercados.

Es particularmente importante que se anude la pertenencia a la OMC y el disfrute de los sistemas de preferencias generalizadas al cumplimiento estricto de los derechos laborales básicos definidos por la OIT. Si algo justifica al Primero de Mayo como Día Internacional de los Trabajadores es que alcemos nuestra voz para pedir, entre otras cosas, la igualdad de la mujer trabajadora, el cese de la explotación infantil y la protección legal del derecho de asociación sindical.

En nuestro continente, la reciente cumbre de la Unión Europea en Lisboa ha significado una fuerte apuesta por la "nueva economía". Mientras el gran proyecto de integración europea diseñado por Delors parece suscitar ahora menos entusiasmo, las ideas de Tony Blair se imponen. La solución a los problemas de la economía europea pasa por potenciar el uso de Internet y de los ordenadores sin que tengan la misma prioridad los grandes ideales de otro tiempo: la integración y la cohesión social, la construcción de un espacio social o la consolidación del Estado del bienestar. Tal vez no sean infundados los temores de que la "tercera vía" conduzca a menos protección social, más desregulación del mercado de trabajo, más fusiones, más privatizaciones y menos solidaridad internacional.

Apoyamos el esfuerzo europeo por alcanzar niveles óptimos en el uso de las nuevas tecnologías en el marco de una estrategia sostenible para los recursos naturales. Dejando de lado la fiebre desreguladora, debemos ir hacia una sociedad del conocimiento, pero cimentada, con compromisos políticos concretos, en la cultura social europea.

Para ello, el diálogo social con la participación de la Comisión, las patronales europeas y la Confederación Europea de Sindicatos necesita un nuevo impulso. También el gran dinamismo del mercado interior requiere de acuerdos entre los interlocutores sociales y de normas vinculantes para proteger los derechos de los trabajadores. En estos momentos hay dos directivas importantes cuya tramitación está paralizada: una, la de información y consulta de los trabajadores, asegura la participación de sus representantes en los procesos -fusiones o absorciones, por ejemplo- que inciden destacadamente en el empleo y las condiciones de trabajo.

La otra, referida a la participación de los trabajadores en los órganos de dirección y control de las sociedades, es una demanda del movimiento sindical desde hace mucho tiempo. Desgraciadamente, el Gobierno español vetó en solitario un proyecto cuya elaboración llevó años de trabajo. El señor Aznar tiene una oportunidad de oro para demostrar su voluntad de diálogo con el movimiento sindical, rectificando ese injustificado veto que coloca a España en una posición muy desairada en los foros sociales de la UE.

Efectivamente, tras el contundente resultado del 12-M ha habido positivas expresiones del presidente en favor del diálogo social, cuya concreción puede redundar en acuerdos positivos para los trabajadores y en la creación de un clima social favorable para el crecimiento y el empleo. Todo ello sin olvidar que el programa económico del Gobierno se sustenta en ejes que a estas alturas conocemos bien, como son la regresividad fiscal y la rebaja de impuestos que socavan la capacidad recaudadora del Estado, la reducción al mínimo del sector público y el escaso interés por la potenciación de la educación pública. Además, las propuestas de reformas del mercado de trabajo, todavía no desveladas, necesitan una concreción para saber si, efectivamente, pueden aumentar la estabilidad del empleo.

Esperamos que el Gobierno haga efectivo el compromiso del presidente con la sociedad de desarrollar el diálogo y la negociación, que los sindicatos concebimos como un marco para acercarnos más a Europa. Desde la autonomía de los interlocutores sociales, las dos confederaciones sindicales más representativas nos proponemos abordar, en unidad de acción, una amplia negociación con las asociaciones empresariales partiendo de los acuerdos vigentes sobre estabilidad en el empleo y negociación colectiva. Tendrán un lugar destacado en nuestras propuestas las medidas destinadas a reducir la temporalidad y las que permitan avanzar hacia la jornada laboral de 35 horas semanales.

Las dramáticas cifras de accidentes de trabajo -que afectan sensiblemente a los trabajadores menores de 35 años- continúan pesando como una losa sobre la realidad de nuestro mercado de trabajo. Por ello convocamos a los trabajadores bajo el lema Trabajar para vivir, que se traduce en demandas muy concretas: los poderes públicos deben ser más exigentes en el cumplimiento de la ley y los empresarios tienen que poner el máximo empeño en que ésta se aplique a rajatabla, lo que en muchos casos no ocurre.

Queremos que el Gobierno exhiba firme voluntad política de consolidar el Estado del bienestar, traducida, entre otras medidas, en una política adecuada de pensiones -estableciendo un marco legal digno para las jubilaciones anticipadas y prejubilaciones- y una mejora sustancial de la actualmente deficiente cobertura de todos los parados.

Es especialmente importante que se respete el amplio consenso social y político alcanzado en la ley reguladora de la situación de los extranjeros en España, por lo que demandamos expresamente al Gobierno que renuncie a la voluntad de reformarla regresivamente.

Nuestra presencia en pueblos y ciudades en este día tan señalado expresará, en definitiva, que los trabajadores son una parte ineludible de la construcción europea y que tanto su voluntad de diálogo como su propuesta de medidas sociales responden a una demanda de justicia que debe ser atendida.

Cándido Méndez es secretario general de UGT.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Lunes, 1 de mayo de 2000