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Los condenados, aparte de las penas privativas de libertad, tienen la obligación de resarcir a sus víctimas de acuerdo con lo que establezca la sentencia. El impago de estas indemnizaciones es hoy más complicado que antes. Por un lado, los cuatro jueces que se dedican a ejecutar las sentencias de los juzgados de lo penal tienen hilo directo con los ordenadores de la Agencia Tributaria y el Registro de la Propiedad. Los jueces disponen de impresos en los que basta poner el sello y la firma judicial y la identidad de la persona cuyos bienes busquen para que un funcionario los meta en el ordenador e informe de inmediato de las pertenencias del reo. Si el juez ve que el condenado finge una insolvencia, sobre la marcha ordena el embargo de "bienes bastantes" para resarcir a la víctima. Antes de la creación de esa oficina en la propia plaza de Castilla, muchos condenados se escudaban en falsas insolvencias.

El impago de la indemnización supone, además, la imposibilidad de que el condenado pueda beneficiarse de la remisión condicional de su pena si ésta es inferior a dos años de cárcel.