La mujer que mató a su nieto deberá someterse cinco años a tratamiento

Joaquina G. D., la mujer de 63 años para quien el fiscal solicitaba 10 años de cárcel por haber matado de siete cuchilladas a su nieto, de dos años y víctima del síndrome de Down, no irá a la cárcel. Tras oír a los peritos en la sesión del juicio de ayer, el fiscal y la defensa entendieron que la acción de Joaquina obedeció a un trastorno mental y acordaron que ésta, en lugar de ir a la cárcel, se someta a un tratamiento durante los próximos cinco años.

Los peritos psiquiatras concluyeron ayer en el juicio que el trastorno mental de la acusada fue temporal y que, debidamente tratada, no constituye un peligro para la sociedad. El tribunal que la ha juzgado, la Sección 15 de la Audiencia, deberá ser informado del desarrollo y evolución del tratamiento ambulatorio al que se someta a partir de ahora Joaquina. El suceso se produjo el 11 de enero de 1999, en casa de la abuela. El pequeño sufrió ese día un resfriado y tenía fiebre, y su madre hizo una excepción y, en lugar de llevarle a la guardería, lo dejó en el domicilio de la abuela para que ésta le cuidase mientras ella acudía a trabajar al hospital Gregorio Marañón. Con ello alteró la rutina de la vida del niño. Aunque durante mucho tiempo el pequeño Alejandro convivió con la abuela mientras su madre trabajaba, un mes antes del crimen, los padres del crío le buscaron una guardería porque notaron una actitud extraña en Joaquina. Una actitud que surgió a raíz de que su hija, la madre del niño, le confesase su propósito de separarse de su esposo, el padre del niño.

El día en que hizo la excepción llegó la tragedia. Hacia el mediodía, la abuela salió gritando al descansillo del piso donde vive: "¡Qué he hecho, qué he hecho, mi niño, mi niño!", le oyeron gritar las vecinas. Seguidamente entró en casa e intentó rebanarse el cuello con el mismo cuchillo de cocina con que instantes antes había matado a su nieto. Miembros del Samur le salvaron la vida, pero nada pudieron hacer con el crío, que yacía cadáver con siete cuchilladas.

El jurado popular que ha enjuiciado durante los últimos tres días a Joaquina no ha tenido que deliberar ni emitir ningún veredicto al respecto. Las partes -el fiscal y la defensa de Joaquina- llegaron ayer a un acuerdo sobre la pena a imponer a esta mujer. El magistrado presidente, Alberto Jorge Barreiro, disolvió a los nueve miembros del jurado y se limitó a ratificar el acuerdo. Éste consiste en que Joaquina pasará los próximos cinco años de su vida bajo tratamiento psiquiátrico ambulatorio. Es decir, no tendrá que ingresar en prisión, pero sí someterse a revisiones médicas periódicas en su casa bajo supervisión del tribunal. El fiscal y la defensa llegaron a este acuerdo -que, según la ley, releva al jurado de su obligación de emitir un veredicto- tras oír los informes de los peritos, que concluyen que Joaquina sufrió un bloqueo mental tras ser informada por su hija de que iba a separarse de su marido. Joaquina, que "adoraba" al niño, según declaró en el juicio, pensó que esa separación matrimonial la alejaría definitivamente de su pequeño. Un niño al que ella había cuidado desde bebé, ya que su hija se lo dejaba todos los días durante muchos meses.

Inimputable

El fiscal afirmó que el delito -un homicidio con las agravantes de parentesco y abuso de superioridad- se había cometido, pero aceptó que su autora era inimputable, dado el estado psíquico que le llevó a cometer esa acción. Inicialmente, el fiscal solicitaba para la acusada 10 años de cárcel y que pagase a los padres del menor una indemnización de 20 millones de pesetas.

Sin embargo, y a la vista del informe pericial, ofreció a la defensa, que aceptó, la opción de que Joaquina fuese sometida a tratamiento durante cinco años. Entendió que era lo mejor para la acusada. Los expertos declararon que Joaquina "tenía un grave trastorno adaptativo por alteraciones del comportamiento". Según los peritos, distorsionó y se alejó de la realidad, lo que en términos clínicos se denomina "amnesia disociativa", al ser informada de la ruptura conyugal. La mujer reaccionó así al creer que la separación de su hija significaría alejarse definitivamente de su nieto.

Al término de la vista, un hijo de Joaquina dijo que la resolución judicial adoptada coincidía con las aspiraciones de la familia en el sentido de que la acción de su madre era fruto de su estado mental. "Confiábamos en su plena inocencia", señaló el hijo, informa Efe. Añadió que su madre "se encuentra bien" y que "ha sido fundamental para ella el apoyo de su familia y de sus vecinos". Durante el juicio, la madre del crío fallecido e hija de la acusada manifestó que rechazaba la indemnización de 20 millones de pesetas que solicitaba para ella el fiscal.

El abogado de Joaquina señaló ayer: "Ha sido un proceso muy duro para la familia. La mujer se someterá a un tratamiento externo y será controlada periódicamente por un médico psiquiatra".

Joaquina declaró en el juicio "que no recordaba lo ocurrido" y que sólo sabía lo que le habían contado terceros acerca del suceso.