Los veteranos prometen paz en Zimbabue, pero sin devolver las granjas

Es la segunda vez en ocho días que el líder de la Asociación de Veteranos, Chenjerai Hunzvi, Hitler, promete el final de la violencia. Tras el fracaso de la reunión de Londres, en la que el Reino Unido ofreció 10.000 millones de pesetas para financiar la reforma agraria a cambio del fin de las ocupaciones en Zimbabue y la convocatoria de elecciones, el acuerdo con los granjeros anunciado ayer por Hunzvi parece un gesto más en las tácticas dilatorias.

"Toda la violencia debe terminar. Los veteranos continuarán en las granjas, pero sin interferir con las actividades", dijo Hunzvi en Harare. La presión diplomática sobre el régimen de Mugabe es tremenda. El presidente surafricano, Thabo Mbeki, por ejemplo, ha elaborado un plan para solucionar la crisis, que es muy similar al anunciado por el Reino Unido el jueves y rechazado por Harare: financiación de la compra de tierras a los granjeros blancos para su posterior reparto entre la población negra, en un proceso que debe ser transparente; fin de las ocupaciones; reapertura de la línea de créditos del FMI, y la celebración de las elecciones legislativas libres.El plan de Mbeki, revelado en su edición de ayer por el diario de la oposición The Daily Mail, demuestra que, a pesar de las declaraciones públicas de apoyo a Mugabe en la reciente cumbre de las cataratas Victoria, los países de la zona buscan soluciones fuera de la publicidad de las declaraciones. El presidente de Mozambique, Joaquim Chissano, un aliado de Mugabe, dijo ayer: "Estamos trabajando en una solución que satisfaga a todas las partes". No es lo que dijo en las cataratas Victoria.

Mbeki ha cancelado la visita de Estado a Zimbabue, prevista para la próxima semana, porque podría interpretarse como un respaldo sin condiciones al presidente Mugabe. Mbeki, que tiene un problema similar que no ha sido resuelto después del apartheid, debe ser cuidadoso, pues la opinión pública surafricana ve con simpatía la cruzada emprendida por Mugabe.

Hace ocho días, cuando Hitler prometió el final de las ocupaciones de granjas, éstas se multiplicaron. Junto a los veteranos participan ahora las juventudes de la Unión Nacional Africana de Zimbabue (ZANU-PF), el partido de Robert Mugabe. La campaña tiene como objetivo real la intimidación de los militantes del Movimiento para el Cambio Democrático (MCD), la oposición democrática que nace de los sindicatos que promovieron las huelgas de 1997. La violencia se ha reducido en las haciendas concentrándose en el MCD y no en los colonos blancos, como en los primeros días. El acuerdo de ayer puede estar más en la línea de evitar los ataques incontrolados que de iniciar una retirada de las tierras conquistadas a la fuerza. Ésta es una orden que, desde el punto de vista electoral, Mugabe no puede afrontar.

Las condiciones que impulsaron esta campaña se mantienen, según los analistas locales. No parece probable, dicen, que las ocupaciones concluyan antes de que el presidente Mugabe anuncie la fecha de las elecciones. Primero se habló de abril; después, de mayo, y ahora ya ni quiera se habla. El Parlamento fue disuelto en abril por Mugabe y el único contrapeso constitucional activo es el Tribunal Supremo, al que el Gobierno y sus veteranos ignoran constantemente.

Los márgenes de juego para Mugabe y los granjeros no son amplios. El primero se asienta sobre una situación económica explosiva y las amenazas de sanciones internacionales, que serían la puntilla; los segundos no pueden obtener el máximo rendimiento de sus granjas mientras que los tipos de interés de sus créditos superan el 60%. No parece, sin embargo, que la crisis se resuelva antes de la celebración de las elecciones legislativas para un Parlamento de 150 miembros, de los cuales 30 son de designación presidencial.Cada vez parece más lejana la hipótesis de una victoria electoral de la oposición, cuya fuerza se limita a las ciudades. En el momento en que Mugabe se convenza de su victoria inapelable, habrá comicios. Por ahora dispone de la fuerza de los veteranos, de la televisión pública, de varios periódicos, de la radio y de la policía, que el jueves se reservó el derecho legal a autorizar los mítines (de la oposición, se entiende) en aras de la seguridad pública.