Las autonomías gobernadas por el PSOE coordinan su política de TV Impulso común a un modelo televisivo "barato y de calidad"

Las comunidades autónomas gobernadas por el PSOE que carecen de televisión propia (Asturias, Extremadura, Castilla-La Mancha, Baleares y Aragón) pondrán en marcha el tercer canal en esta legislatura. Los responsables de telecomunicaciones de los cinco gobiernos coincidieron ayer en Oviedo en defender una televisión de calidad que evite incurrir en los costes elevados de otros canales ya existentes.

A la reunión también asistió el jefe del Servicio de Telecomunicaciones del Gobierno socialista andaluz, el único en cuya comunidad ya existe televisión autonómica.Las cinco comunidades socialistas sin televisión propia están decididas a ponerla en marcha en esta legislatura. Baleares, que ya cuenta con una ley para ello -al igual que Aragón- plantea el comienzo de las emisiones en 2003, según Carlos Bona, director general de Tecnología y Comunicaciones del Gobierno balear.

Castilla-La Mancha todavía no dispone del instrumento legal correspondiente. Ayer mismo, las Cortes de esa comunidad aprobaron tomar en consideración el proyecto de ley de creación del ente público de televisión regional, y el Ejecutivo confía en poner en marcha las emisiones en el año 2001. Extremadura iniciará en mayo el trámite parlamentario de su ley de creación del ente público correspondiente, según informó José Morales, director de Telecomunicaciones y Redes de la Junta de Extremadura. Asturias, cuyo Gobierno se comprometió a poner en marcha una televisión antes de 2003, mantiene el proyecto, si bien IU denunció ayer demoras en el trámite de la norma.

Baleares postula una televisión autonómica "barata y de calidad", cuyo coste no supere el 1% del presupuesto de la comunidad autónoma, y no el 10% como ocurre en otras regiones, según Bona.

Programas de calidad

Por su parte, Javier del Olmo, director de Transportes y Telecomunicaciones del Principado de Asturias, expresó el rechazo a las fórmulas de televisión autonómica que entrañan "costes muy altos y una degradación de la programación hacia contenidos propios de la llamada televisión basura, como Telemadrid". El Gobierno socialista asturiano baraja como objetivo un costo de 1.200 millones de pesetas anuales. Castilla-La Mancha estudia la cifra de 1.500 millones.

En la reunión se planteó también el problema que afecta a las televisiones locales por falta de desarrollo de la ley de 1995 que ampara su actividad. El representante castellano-manchego recordó que su gobierno ha solicitado el desarrollo urgente de la ley, que data de hace casi cinco años, "sin que haya habido hasta ahora respuesta". Castilla-La Mancha ya planteó otro conflicto de competencias contra el Estado por el cierre de tres de las más de 30 emisoras locales de esa comunidad sin que, a juicio del gobierno autonómico, existieran situaciones disímiles entre las clausuradas y las que siguen emitiendo.