Sotos cree escasas las 80.000 pesetas que UGT cobró por cada piso de PSV
Carlos Sotos, presidente de la gestora IGS y director de la cooperativa de viviendas sociales PSV hasta 1993, defendió ayer a capa y espada el contrato en virtud del cual UGT cobraba 80.000 pesetas por cada vivienda adjudicada en el proyecto inmobiliario. Durante la quinta jornada del caso PSV, que se sigue en la Audiencia Nacional, Sotos recalcó que el apoyo de UGT "se valoró en 80.000 pesetas y en mi opinión, valía más".El contrato suscrito en 1988 entre Sotos y el entonces responsable de Finanzas de UGT, Paulino Barrabés, fijaba ese pago en concepto de promoción y publicidad. Según explicó el exdirector de la cooperativa, "UGT prestaba a la cooperativa asistencia, infraestructura en toda España y, lo más importante, su apoyo, su sello. Si eso no es publicidad, que venga Dios y lo vea".
La explicación pormenorizada de los gastos derivados de este contrato centraron gran parte del interrogatorio al que, por tercer día consecutivo, sometió el fiscal Vicente González Mota al principal acusado en el caso PSV. González Mota, que pertenece a la Fiscalía Anticorrupción, trata de demostrar que IGS dispuso de fondos de la PSV al margen de la voluntad de los cooperativistas y para fines distintos a los del proyecto.
Por ello, el fiscal ha repasado durante estos tres días el estado contable de casi todas la promociones de PSV, en un exhaustivo cara a cara con Sotos en el que ambos han blandido números y más números.
El arma utilizada por Vicente González Mota está siendo el informe realizado por los peritos judiciales, los inspectores de Finanzas del Estado Carlos Andrés Fernández (ya fallecido) y Rafael Cortés Sánchez. En su informe, ambos defienden que se "distrajeron" 18.527 millones de pesetas de los fondos de la cooperativa.
Ataques a los peritos
Sotos, para quien el fiscal pide ocho años y dos meses prisión, respondió a los planteamientos de González Mota con unas cifras totalmente distintas, pues considera que el informe pericial es "subjetivo" y "no responde a la verdad material".
En su opinión, los peritos "utilizaron un criterio particular" que les permitió reducir "de forma arbitraria" las inversiones realizadas por la cooperativa, lo que dio lugar a unas conclusiones erróneas. En concreto, sostiene que minoraron algunas valoraciones de pagos realizados por PSV (por ejemplo, los que IGS cobra en concepto de gestión) y no consideraron como inversión el polémico pago a UGT.
El enfrentamiento más acalorado de la sesión su produjo cuando el fiscal y Sotos, quien pidió agua en dos ocasiones ("es que hablo demasiado", dijo), abordaron la situación de Valdebernardo (Madrid), el proyecto estrella de PSV. Fue en este momento cuando el principal acusado del caso dirigió sus críticas más duras al informe pericial. Y cuando argumento, como ya hiciera en anteriores declaraciones, que las trabas administrativas y las de las entidades financieras a la hora de agilizar la financiación del proyecto estuvieron en el origen del fracaso de la cooperativa. Sotos confesó que las entidades financieras le impusieron la segregación de las parcelas de Valdebernardo para dar vía libre a los créditos.
El fiscal tiene previsto terminar su interrogatorio a Carlos Sotos en la sesión de hoy, con preguntas relativas a la financiación de la promotora IGS. Tras estas preguntas, llegará el turno de las acusaciones y de las defensas.
Posteriormente, se iniciarán los interrogatorios de los restantes acusados: Paulino Barrabés, Fermín Bretón, Sebastián Reyna, Francisco Hernández, Jesús Aína y Primitivo Álvaro. Para ellos, el fiscal también solicita ocho años y dos meses de prisión.
