La federación de padres denuncia discriminación en los centros concertados

La Federación Regional de Asociaciones de Padres de Alumnos Giner de los Ríos denunció ayer -un día antes de que comenzase el proceso de matriculación de nuevos alumnos- "las irregularidades" que cometen los centros escolares en el proceso de admisión de alumnos. Según explicó su presidenta, Eulalia Vaquero, "los colegios, en su mayoría concertados, seleccionan a los niños para que éstos se adapten al perfil socioeconómico que quieren tener en sus aulas". Vaquero resaltó la "inadecuada información" que se da a los padres cuando van a solicitar los impresos de matriculación. "Sobre todo si sus características físicas no les gustan", dijo. Advirtió que, según las denuncias recibidas en años anteriores, los centros concertados suelen remitir a estas familias a colegios públicos argumentando que no quedan plazas, cuando, primero, las vacantes no se adjudican hasta que no finalice el proceso, el 16 de mayo y, segundo, todos los centros tienen la obligación de recibir las solicitudes que presenten los padres.La presidenta advirtió también que, en contra de la legislación, en muchos casos las plazas no las adjudican los consejos escolares -en los que están representados también los padres-, sino la dirección de los centros directamente. Ésta sería una de las razones de que los centros de titularidad privada sostenidos con fondos públicos acojan tan sólo al 22% de niños con necesidades de compensación educativa (gitanos, inmigrantes y de familias marginales), según datos de la propia consejería. Para evitar este tipo de discriminaciones, la federación ha puesto en marcha un número de teléfono (902 157534) donde los padres puedan consultar dudas acerca de los trámites burocráticos o presentar una queja cuando crean que los centros han cometido alguna irregularidad en la admisión.

Nuevo mecanismo

Por otra parte, Vaquero se mostró "moderadamente satisfecha" con las instrucciones de admisión de alumnos para este año que han introducido un nuevo mecanismo para paliar estas diferencias en la escolarización de los chavales. Así, todos los centros sostenidos con fondos públicos tienen la obligación de reservar entre dos y tres plazas por aula para alumnos con necesidades educativas especiales (discapacitados físicos y psíquicos) y, por primera vez, las comisiones de escolarización -las que se encargan de distribuir a los escolares que no han encontrado plaza en el centro que pedían en primera opción- tienen potestad para imponer cupos destinados a los niños con necesidades de compensación atendiendo a las necesidades de la zona y especialmente en educación infantil. "La mayoría de los niños que se quedan fuera son gitanos o inmigrantes, y como en los únicos centros que quedan plazas son en los públicos, las comisiones los terminan remitiendo ahí, produciéndose auténticos guetos en algunos colegios", dijo Vaquero, quien fue más allá y exigió que el próximo curso sean las comisiones escolares desde un principio, y no los consejos escolares de cada centro, las que lleven el proceso. El objetivo: "Evitar que cualquier centro pueda practicar métodos disuasorios y discriminatorios".