Sotos extiende al Ayuntamiento de Madrid las culpas del fracaso de PSV

El presidente de la gestora IGS y director de la cooperativa de viviendas PSV hasta 1993, Carlos Sotos, amplió ayer el círculo de responsabilidades por el fracaso del proyecto impulsado por la UGT y atribuyó al Ayuntamiento de Madrid retrasos en la adjudicación de suelo que obligaron a IGS a adelantar financiación y soportar costes elevados en algunas promociones. En su segundo día de declaración en la Audiencia Nacional, Sotos volvió a cuestionar los informes periciales que han servido de base al fiscal.

En su primer día de declaración, el pasado lunes, Carlos Sotos responsabilizó al sistema financiero del fracaso del proyecto de la PSV por obligar a segregar promociones y cortar el grifo de la financiación a IGS. Ayer dio un paso más y atribuyó al Ayuntamiento de Madrid, gobernado hasta 1991 por el CDS y a partir de entonces por el PP, retrasos en las adjudicaciones de suelo en algunas promociones que obligaron a la gestora a adelantar financiación y soportar costes elevados. "La gestión del Ayuntamiento de Madrid en el Plan 18.000 [la PSV construyó 4.800 viviendas en su marco] fue un desastre" aseguró Sotos, quien remachó la atribución de culpas preguntándose: "¿Por qué no se ha pedido [en la causa] la responsabilidad subsidiaria del Ayuntamiento de Madrid cuando se ha pedido hasta la del susum cordam?".

Todas las explicaciones del ex responsable de IGS-PSV tuvieron por objeto justificar los gastos de gestión cobrados por la gestora a la cooperativa y demostrar que los trasvases de dinero de las cuentas de las promociones a IGS tenían sentido y eran la forma habitual de funcionamiento en los proyectos cooperativos.

Trasvase de dinero

Ese trasvase de dinero y la atribución de gastos de gestión por parte de IGS a las diferentes promociones fueron considerados en su día por los peritos judiciales -los inspectores de Finanzas del Estado Carlos Andrés Fernández, ya fallecido y Rafael Cortés Sánchez- el origen de una "distracción" de fondos de la PSV de 18.527 millones. El fiscal tradujo esa "distracción" en el presunto delito de apropiación indebida, por el que solicita para siete imputados ocho años y dos meses de prisión.

De esta forma, el informe pericial, del que discrepa Sotos, se convierte en la clave del arco del caso. Según el ex responsable de IGS-PSV, el análisis de los peritos judiciales minusvaloró activos del proyecto y eliminó de un plumazo gastos de gestión correctos y justificados, lo que determinó una "foto fija" contable de la PSV alejada de lo que es normal en los proyectos inmobiliarios.

Frente a la estrategia de Sotos, el fiscal continuó ayer con el repaso de los ingresos y los gastos parcela a parcela. Su planteamiento, coherente con el escrito de acusación, trata de demostrar que IGS dispuso de fondos de la PSV al margen de la voluntad de los cooperativistas, acción que también benefició al sindicato impulsor del proyecto, la UGT que cobraba 80.000 pesetas por vivienda adjudicada.