Sotos niega que alterara las cuentas de la PSV para tapar irregularidades
El presidente de la gestora IGS y director de la cooperativa de viviendas sociales PSV -impulsada por la UGT- hasta 1993, Carlos Sotos, negó ayer que la primera maquillara las cuentas para ocultar irregularidades. Sotos, el primero de los siete imputados en prestar declaración, ayer, en el juicio en la Audiencia Nacional, atribuyó la confusión contable y la paralización del proyecto al modelo de financiación que impusieron los bancos.
Las cuatro horas de declaración de Carlos Sotos -a diferencia de lo que sucedió en la sesión de apertura del juicio, a finales de marzo-, transcurrieron sin incidentes. El tribunal desestimó todas las cuestiones previas planteadas por las defensas. Con cuatro decenas de afectados en la sala y apenas una docena con pancartas alusivas al fracaso del proyecto en el exterior de la Audiencia Nacional, la declaración de Sotos se convirtió en un prolijo duelo suyo con el fiscal, Vicente González.González, promoción a promoción -la PSV llegó a mantener 165-, intentó aclarar, interrogando a Sotos, qué sucedía con los depósitos de los cooperativistas desde que firmaban su contrato y el dinero era ingresado en cuentas de la cooperativa.
Tras plantear 76 preguntas previas, el fiscal lanzó la cuestión clave: "¿Maquilló IGS las cuentas de la PSV para hacer cuadrar ingresos y gastos y convencer a los cooperativistas de que su dinero estaba siendo correctamente empleado?". Sotos negó con énfasis. No hubo maquillaje de cuentas, IGS no funcionó con el criterio de caja única y la complejidad contable, con asientos de presupuestos promoción a promoción fue impuesta por las entidades financieras. Éstas, según Sotos, impusieron la separación contable para cada proyecto de la cooperativa como condición para financiarlos, lo que a la postre, afirmó, determinó la paralización del proyecto.
El prolijo interrogatorio del fiscal sí arrancó a Sotos respuestas concretas a hechos importantes para la causa. Así, el que fuera máximo responsable del proyecto cooperativo reconoció que el sindicato UGT, su impulsor, ingresaba 80.000 pesetas por cada vivienda adjudicada. El ingreso fue pactado entre el propio Sotos y el entonces responsable de finanzas del sindicato, Paulino Barrabés, mediante un documento privado firmado en junio de 1988. Sotos, que admitió haber cobrado de IGS 20 millones brutos anuales de salario, precisó que ese ingreso, para compensar al sindicato por su apoyo, fue pactado con los cooperativistas.
Sotos admitió también que el dinero de los socios pasaba de la cuenta de la promoción de la PSV de que se tratara a las cuentas de IGS, que prestaba todos los servicios a la cooperativa y que facturaba un 12%, también aprobado, en concepto de gastos de gestión.
Ante la insistencia del fiscal, Sotos, en tono encendido, destacó que IGS sólo podía funcionar de esa forma y que el flujo de dinero se contabilizaba tanto en IGS como en la PSV. "Tienen que transferirse [a la gestora los depósitos] porque, si no, IGS hubiera sido un regalo de Navidad", aseguró.
En toda su declaración Sotos cuestionó el informe pericial de las cuentas de la PSV, base de la acusación del fiscal. Éste pide ocho años y dos meses de prisión a los imputados.
Parcela por parcela
Parcela por parcela. Ésa fue la mecánica que siguió el fiscal, Vicente González, en el interrogatorio de Carlos Sotos, el principal imputado en el caso PSV. Y esa misma estrategia fue la que volvió loco al acusado, que, en un momento determinado, le espetó: "Llevo siete años intentando no volverme loco. Así que le pediría que dijera cuándo se refiere a datos generales y cuándo a específicos". Estas palabras provocaron la inmediata intervención del presidente del tribunal, el magistrado Siro García. "No atribuya su demencia al ministerio fiscal, que ha formulado muy correctamente su pregunta", le dijo tajante.La confusión predominó durante todo el interrogatario, aunque tenía su razón de ser: el fiscal y el acusado partían de documentos contables con diferentes nomenclaturas numéricas para determinar las parcelas de la cooperativa a las que se referían. Tanto, que llegó un momento en el que el propio acusado no sabía si se le preguntaba por una parcela o por una cuestión general.
Sotos explicó la complejidad de la gestión y achacó algunos de los retrasos en la entrega de viviendas a los trámites de expropiación del suelo cedido por el Ayuntamiento. Así, incluso puntualizó que una perrera privada en los terrenos de la promoción madrileña de Orcasitas demoró años el proyecto.
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