Ni agua, ni luz, ni niños

Sobre la docena de personas que habitan los pueblos de Rala y Artanga, a escasos kilómetros de Aoiz, pende desde hace meses una orden de desalojo. Estos modernos okupas rurales se asentaron en ambas aldeas despobladas navarras hace dos años, reconstruyeron algunos edificios y, cultivando pequeñas huertas y contando con algunos animales de corral, subsisten en medio de parajes aislados de una sórdida belleza.En Rala, en el valle de Lónguida, viven seis personas. Ocupan la sacristía de la derruida iglesia de San Andrés, donde hacen pan y cocinan. Están reconstruyendo uno de los nueve edificios que quedan en el pueblo. A Rala sólo se puede acceder en vehículo todo-terreno o a pie, transitando pistas y caminos fuertemente embarrados. Artanga, en Urraúl Alto, está en parecidas condiciones. Son jóvenes vascos, madrileños, navarros y de otros lugares de España y el extranjero, que llegaron atraídos por ejemplos exitosos de asentamientos anteriores como los de los pueblos de Lakabe o Arizkuren y se empadronaron en la zona.

Demoler las poblaciones

Ahora, el propósito de la administración navarra, propietaria de la fincas, es expulsar a los jóvenes en cuanto tengan los permisos municipales y demoler los restos de ambas poblaciones. Alegan para ello dos motivos: la ilegalidad de las ocupaciones y evitar los riesgos que para la seguridad de las personas se derivan del ruinoso estado de los edificios.

El proyecto del departamento de Economía y Hacienda ha sido tramitado por la empresa pública Gestión Ambiental, Viveros y Repoblaciones SA, que tiene consignado un gasto de 2,6 millones de pesetas para ese fin.

El derribo de ambas poblaciones, abandonadas por sus habitantes hace más de medio siglo, fue aprobado definitivamente por el Gobierno de Miguel Sanz el pasado mes de febrero, si bien el acuerdo previo se adoptó el 22 de noviembre. Mientras el Ayuntamiento de Lónguida, al que pertenece Rala, no ha autorizado el desalojo, el de Urraúl Alto ha pedido ya que los ocupantes de Artanga sean echados. Los proyectos que, constituidos legalmente en asociaciones, han ido presentando los jóvenes al Gobierno para usufructuar el área han sido sistemáticamente rechazados, dado que la ley foral de Patrimonio Forestal no contempla los objetivos de los ocupantes, indica la administración. Las fincas están, en general, destinadas a la repoblación de pinos, coto de caza y cría de vacas betizu.

Las órdenes de desalojo hechas llegar ahora a los pobladores llevan fecha de 30 de noviembre de 1999 y son inmediatas, pero no se han llevado a cabo. Paradójicamente, el Gobierno acusa a los okupas de "atentar contra el Patrimonio Histórico" pero, a renglón seguido, considera oportuno demoler los restos de esas edificaciones aludiendo a que la institución Príncipe de Viana considera que sólo se trata de "ruinas".

Los jóvenes okupas de Rala se quejan: "Es impresentable que rechacen nuestros planes de dinamización de la zona y los sustituyan por el simple derribo de los pueblos. Nuestro abogado ha recurrido el desalojo".

"El Gobierno debe reflexionar sobre esta política de destrucción y encauzar sus actuaciones hacia el diálogo y el respeto hacia ese proyecto de vida que tiene la gente de Rala, Artanga, u otros pueblos abandonados", señala Juanma Hernández Agudo, miembro de Ecologistas en Acción de Pamplona.

"Asistimos a otro vergonzoso capítulo de insensatez viendo cómo se derriban pueblos deshabitados con su bagage histórico, arquitectónico y humano", subraya Rafa Aldai, miembro del equipo redactor del Estudio sobre pueblos habitados y en proceso de deshabitación de Navarra.

El estudio, realizado en 1986, detallaba la situación de 76 pueblos deshabitados o que habían sufrido un fuerte proceso de deshabitación y 52 núcleos de menor entidad desocupados. "Tras 14 años, no sólo no se han seguido las políticas de recuperación del informe, sino que se procede con el desalojo y el derribo a las iniciativas que se dan", denuncia Aldai.