Castellano convoca un concurso para atención telefónica que viola acuerdos con los sindicatos

Serafín Castellano, consejero de Justicia y Administraciones Públicas, ha convocado un concurso para dotar el "los recursos humanos necesarios para ofrecer el servicio de atención telefónica personalizada" centralizado en el número 112, en la provincias de Valencia y Castellón. La contratación indirecta de personal ajeno a la Administración para ofrecer el servicio viola un acuerdo de la mesa sectorial de la Función Pública de noviembre de 1998 que apostaba por la promoción del personal funcionario clasificado como "telefonista" para atender el nuevo servicio.

Una de las marcas que caracterizan la modernización de la Administración Pública impulsada por el Consell que preside Eduardo Zaplana la constituyen los denominados edificios Prop. Instalaciones en las que a lo largo de 1998 se instituyó un servicio de atención telefónica personalizada a través de número 112. La dotación del personal que ofrece el servicio fue adjudicada por concurso a la empresa Sittel Torrejón, cuya matriz, con sede en Miami, fue fundada por Jorge Mas Canosa, difunto dirigente del exilio cubano.La adjudicación del servicio público a una empresa privada provocó protestas de los representantes sindicales de los funcionarios. José Emilio Cervera, entonces subsecretario para la Modernización de las Administraciones Públicas, llegó a un acuerdo en el seno de la mesa sectorial de Función Pública que apostaba por la formación del personal funcionario clasificado como telefonista para dotar el servicio.

El acuerdo fue firmado por UGT, CCOO y CSIF, por un lado, y Cervera y los directores generales de Presupuestos y de Función Pública, entonces Máximo Caturla y Fernando Cano, respectivamente, por otro. En esencia, establecía que los telefonistas se someterían a un curso de adaptación para ofrecer "atención personalizada", elevarían su categoría profesional del grupo D y recibirían "retribuciones complementarias adecuadas" de acuerdo con el resto de puestos de información adscritos a el programa Prop.

Sin embargo, Castellano ha optado por obviar el acuerdo sobre "criterios básicos del plan de empleo del colectivo de telefonistas", práctica que pone en entredicho el respeto del consejero a los documentos oficiales, y ha convocado un nuevo concurso, publicado en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) el pasado día 4, para ceder de nuevo a una empresa privada la dotación del personal.

El plazo de adjudicación del concurso anterior había expirado hace meses, pero el servicio se sigue prestando y todo indica que Sittel Torrejón renovará la adjudicación, según fuentes conocedoras del expediente.

El personal que presta el servicio en la actualidad cobra una cantidad fija por día de trabajo, en torno a las 5.000 pesetas, y carece de los más elementales derechos laborales. Si algún día deja de acudir al puesto de trabajo, simplemente no cobra.

El pliego de condiciones del concurso hace hincapié en la importancia de la oferta económica y destaca que "se valorará teniendo en cuenta el precio unitario por hora/hombre de servicio", de modo que las condiciones laborales del personal que ofrezca el servicio en el futuro están condenadas a ser precarias.