El alcalde se niega a derribar la parte ilegal de la iglesia y apoya la conducta del gerente multado

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano (PP), se negó ayer, de nuevo, a cumplir con la orden judicial de demolición de la parte ilegal de la iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes, en Fuencarral. Álvarez del Manzano amparó, además, la conducta de su gerente de Urbanismo, Luis Armada, a quien el tribunal, por no ejecutar la demolición, ha multado con 250.000 pesetas. "La iglesia es perfectamente legalizable desde el punto de vista urbanístico y la vamos a mantener", señaló el regidor. El Tribunal Superior no piensa lo mismo que Álvarez del Manzano.

La peripecia legal de esta iglesia de Fuencarral arrancó en 1993. Aquel año, el Tribunal Superior de Justicia, tras analizar una denuncia de los vecinos, ordenó la demolición de parte de la parroquia situada a una distancia prohibida (ocho metros) de un edificio de viviendas. En la parte ilegal está situado el altar mayor. Nunca se tiró. El pasado 3 de marzo, el Tribunal Superior dio el último plazo para la demolición de parte de este edificio. El gerente de Urbanismo, Luis Armada, tenía hasta el 17 de marzo para ejecutar la orden judicial y asegura que "se intentó", pero que la oposición de 300 feligreses contrarios al derribo lo impidió.

Posteriormente, el 23 de marzo, el pleno del Ayuntamiento de Madrid aprobó, con 21 votos de ediles del PP, incluido el alcalde, y 2 de IU, iniciar un estudio de detalle urbanístico para legalizar, a posteriori, la situación de la parroquia. El Tribunal Superior reaccionó contundentemente el 5 de abril: abrió diligencias penales por un supuesto delito urbanístico contra los 23 concejales que votaron a favor (el PSOE se abstuvo) y declaró nulo el acuerdo plenario. El Ayuntamiento recurrió la decisión judicial. Mientras tanto, la iglesia seguía en pie y, en un nuevo auto, hecho público el jueves, el Tribunal Superior recordaba que la sentencia era "inapelable" y multaba con 250.000 pesetas al gerente de Urbanismo por desobediencia.

Pago con dinero municipal

Tanto el alcalde como el concejal de Urbanismo, Ignacio del Río (PP), respaldaron ayer la actuación de Armada al no ejecutar la orden de demolición. Y aseguraron que pagarán la sanción con el presupuesto municipal. Del Río sostiene que el hecho de haber recurrido el auto del Tribunal Superior en el que declara nulo el acuerdo del pleno pone en suspenso la sentencia de derribo. "Al haber recurrido el auto que invalida el acuerdo del pleno, este acuerdo, que intentaba legalizar la situación urbanística de la iglesia, queda en suspenso, y entendemos que la sentencia también. Por eso no se va a demoler todavía", afirma el concejal.

El Tribunal Superior, en el escrito del jueves pasado, aseguraba que, si en 20 días el Ayuntamiento no derriba la parte ilegal del templo, al gerente de Urbanismo se le impondría otra multa de 250.000 pesetas, y así sucesivamente. Si la parroquia sigue en pie, el tribunal impondrá sanciones al edil de Urbanismo y al alcalde.

Además de los 23 concejales que votaron a favor de legalizar el templo, hay cuatro técnicos municipales que firmaron el expediente y que tendrán que responder ante el juez por un supuesto delito "contra el territorio". Según el tribunal, las razones esgrimidas hasta ahora por el Ayuntamiento para no ejecutar la sentencia (presencia de feligreses opuestos al derribo) demuestra, más que otra cosa, "falta de voluntad" a la hora de acatar la orden. Añaden los jueces que "parece" que en los últimos años ha existido una connivencia entre el arzobispado y el Gobierno municipal para mantener la iglesia en pie y "dilatar" la demolición. Ante los últimos razonamientos del concejal de Urbanismo y del alcalde, el Tribunal Superior asegura que contra la sentencia de derribo "no cabe recurso posible".

A estas alturas del procedimiento judicial, ni siquiera un posible pacto económico entre los vecinos del bloque que han denunciado la infracción y el arzobispado puede frenar la orden de demolición, según fuentes jurídicas. El arzobispado intentó llegar a un pacto ofreciendo 35 millones a los dos vecinos que pusieron la denuncia en los juzgados para que retiraran el pleito. Pero los residentes no aceptaron. Según Armada, quieren 75 millones de pesetas para abandonar su pleito.

El bloque de viviendas, de 14 plantas, se construyó en 1984. La iglesia de Nuestra Señora de las Fuentes se levantó cuatro años más tarde. El arzobispado sostiene que las viviendas son las que se encuentran mal situadas, ya que se edificaron cuatro metros fuera de planeamiento. Por esta razón, dice, hay menos de ocho metros entre un edificio y otro.

El gerente municipal de Urbanismo asegura que la licencia concedida en su día por el Ayuntamiento para el bloque de viviendas "estuvo mal dada" y que cualquier tribunal de justicia podría ordenar su derribo. El abogado de los vecinos, Javier Dorca, afirma que eso ya no es posible.