Inquilinos, 'okupas' y burócratas

Juana tiene poco más de 25 años, dos hijos, y un desahucio pendiente de cumplirse. Pendiente, al menos, hasta que logre "normalizar" la situación y le permitan quedarse en su casa, o hasta que entren a por ella en su vivienda del barrio marginal de Palmerales en Elche, y la pongan de patas en la calle. Juana asegura que, al menos, 15 familias más de esta barriada azotada por las drogas y la delincuencia se encuentran en la misma situación.Según los vecinos, los millones de pesetas que dejó en la barriada el gordo de la Lotería Nacional el pasado mes de diciembre, han permitido a algunas personas de la zona adquirir pisos en otros barrios y vender sus antiguas viviendas. El Instituto Valenciano de la Vivienda (IVVSA), tras detectar que se había producido un cambio de inquilinos, ha activado las órdenes de desahucio.

Esos traspasos se consideran ilegales porque el titular de las viviendas es la Administración valenciana. Tras abonar una cantidad que oscila entre las 200.000 y las 700.000 pesetas, los nuevos inquilinos se han instalado en los inmuebles, sobre los que la Administración tiene suscrito un contrato con los anteriores ocupantes de la vivienda, para abonarla en un plazo de 25 años. "Sé que el pago del traspaso no es legal, pero lo hice con la tranquilidad de ver que a otras personas no les ha pasado nada", asegura Juana, quien se pregunta sobre el trato igualitario de los "señores" del IVVSA. Asegura que la transacción se realizó con el contrato del primitivo inquilino, y con la fotocopia del carné de identidad. "De nada ha servido", lamenta.

Ella hace dos años que ha solicitado la concesión de una de esas casas, pero todavía no la ha logrado. "Me repatea que me digan que soy una okupa", asegura. Durante todo este tiempo, Juana ha remitido "todos los papeles" que le han solicitado. "Incluso los que, pese a haberlos llevado, vuelven a pedirlos", añade.

Por si fuera poco, la orden de abandonar la vivienda, bajo pena de un delito de usurpación, Juana no tiene agua potable. El anterior propietario cortó el suministro, y ahora, al carecer de cualquier tipo de contrato que la vincule con el inmueble, la Administración se niega a darle de alta el agua. Incluso para poder empadronarse en Elche, recuerda que luchó contra una legión de burócratas.

Fuentes de la Consejería de Obras Públicas afirmaron ayer que el desahucio se activa cuando se produce una ocupación ilegal, y que ninguna persona quedará en la calle. Juana, por contra, incide en que "no hay un trato igual para todos", y añade que hay personas que han logrado una casa "sin mayores problemas".

La precaria situación en la que se encuentra el barrio se debe, según algunos vecinos, a la "dejadez y negligencia" de los responsables del Instituto de la Vivienda. Sea como fuere, los problemas que sufre la zona se remontan desde principios de los años ochenta, y trascienden el ámbito de la vivienda para convertirse en un problema social. Por ello, la Asociación de Vecinos de Palmerales ha demandado la redacción de un estudio en el que se refleje el estado real de la zona, para poder aplicar soluciones.

La normalización del área se ha buscado con el derribo de los bloques de viviendas (Rincón de Bonanza, Corral de la Pacheca), en los que se ha concentrado más marginación. Todavía queda pendiente la eliminación de medio bloque de casas en el que varias familias "conflictivas" viven en condiciones infrahumanas, a la espera de poder ser realojadas. Mientras tanto, gran parte del barrio hace una vida convencional y aseguran estar "hartos de que el barrio sea conocido sólo por lo malo".

Juana afirma sentirse "valiente", y es consciente de que muchas de las personas sobre las que pesa el desahucio prefieren callar para evitarse enfrentamientos. Ella lo tiene claro: "Es un cuarto piso, y no es un palacio, pero es mi casa".