Noguera asegura que la comunidad de bienes de los ediles del PP se creó para vender viviendas
La comunidad de bienes Sorell, integrada por tres ediles del Ayuntamiento de Valencia -los responsables de Urbanismo, Deportes y Plan Estratégico- el director general de la Policía, Juan Cotino, y el empresario Francisco Vallés, se creó "para gestionar la promoción, edificación y venta de un complejo urbanístico por viviendas, locales comerciales y sótano para aparcamiento de vehículos" en la plaza de Mossén Sorell número 13 del centro histórico, según afirmó ayer la portavoz socialista Ana Noguera, que acusó al concejal de Urbanismo, Miguel Domínguez, de ser de "juez y parte".
La comunidad de bienes es una fórmula jurídica prevista en el Código Civil que reúne unas condiciones de opacidad mucho mayores que otras figuras societarias, utilizadas en la promoción inmobiliaria, como una sociedad limitada o una sociedad anónima, según Noguera.La asociación de los ediles del PP Miguel Domínguez, Enrique Pérez Boada y Rafael Ripoll; Juan Cotino y Francisco Vallés -en representación de la sociedad limitada Carel & Dem- se formalizó como comunidad de bienes a finales del año pasado y se domicilió en la residencia de este último socio. Francisco Vallés, que ostenta por delegación las facultades de presidente de la Fundació Vives per l'Humanisme i la Tolerància desde noviembre de 1998, también tiene radicadas en su domicilio las sociedades limitadas Carel & Dem y Jávea 2000.
Miguel Domínguez explicó tras difundirse las primeras informaciones que la comunidad de bienes Sorell se había constituido para comprar el solar de la plaza de Mossén Sorell -que en el planeamiento de 1991 figuraba como expropiable por el Ayuntamiento y que se compró meses antes de la aprobación del nuevo plan urbanístico aprobado el pasado día 31 de marzo que excluyó la parcela de la zona de actuación-. El responsable de Urbanismo de la ciudad de Valencia indicó que el solar, de 67 metros cuadrados y 289 metros cuadrados edificables repartidos en planta baja y tres pisos, se había comprado en beneficio de la Fundació Vives, que disponía de una opción de compra sobre la parcela pero no de liquidez suficiente por si necesitaba ampliar su sede, instalada en un edificio rehabilitado de la calle Alta lindante con el solar, en un futuro.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Declaraciones prensa
- Ana Noguera
- Miguel Domínguez Pérez
- Política nacional
- Gobierno municipal
- PP
- Ayuntamientos
- Valencia
- Corrupción política
- Comunidad Valenciana
- Administración local
- Política autonómica
- Política municipal
- PSOE
- Gente
- Vivienda
- Corrupción
- Partidos políticos
- Delitos
- España
- Urbanismo
- Política
- Administración pública
- Justicia
- Sociedad