Sant Adrià pide medidas preventivas en La Mina

El alcalde de Sant Adrià de Besòs, Jesús María Canga, criticó ayer la pasividad de las administraciones para solucionar la problemática que padece el barrio de La Mina. Dos años después de que el Ayuntamiento y la Generalitat firmasen el Plan de Rehabilitación Global del barrio -que prevé intervenciones urbanísticas, sociales y de seguridad-, el proyecto sigue paralizado.El motivo es que primero se ha de constituir el Consorcio de La Mina, ente supramunicipal que debe gestionar las actuaciones, cifradas hace dos años en 14.000 millones de pesetas. El Ayuntamiento volvió a exigir ayer la firma del protocolo.

Sant Adrià insiste en que "uno de los principales objetivos de este consorcio es la lucha contra la delincuencia, que hasta ahora no ha podido contar con los medios necesarios para una efectiva actuación".

Hace unos meses, se inauguró una comisaría de policía en el barrio, con la promesa de la Delegación del Gobierno de que se mantendría abierta las 24 horas del día, todos los días del año. Sin embargo, el alcalde de Sant Adrià asegura que "la comisaría ha sido un fracaso por la falta de efectivos policiales, dificultando así la acción preventiva necesaria para mejorar la seguridad ciudadana". En opinión de Jesús María Canga, la puesta en marcha de este equipamiento "ha sido una tomadura de pelo para La Mina".

El consistorio de Sant Adrià pide "para el barrio de La Mina la misma celeridad que se ha utilizado para incrementar la presencia policial en las zonas de ocio nocturno de Barcelona, que ha permitido que 180 policías patrullaran en esta zona".

Canga opina que la Operación After-Hours y otros dispositivos aislados no tienen sentido "si no se mantiene una actuación policial constante y habitual en los barrios conflictivos".

Acción popular

En un comunicado hecho público ayer se reitera que "el Ayuntamiento de Sant Adrià continuará insistiendo en la importancia de realizar una actuación coordinada y conjunta para erradicar las causas que permiten el nacimiento de focos de violencia, marginación y exclusión social" y advierte que está estudiando la posibilidad de personarse en las actuaciones penales ejerciendo la acción popular.

El alcalde de Sant Adrià insistió ayer repetidamente en pedir "el respeto que merecen los ciudadanos y ciudadanas de La Mina, que no tienen por qué verse criminalizados por el hecho de que algunos de sus vecinos hayan realizado acciones tan condenables".

Por su parte, Manuela de Madre, alcaldesa de Santa Coloma de Gramenet, ciudad natal del joven asesinado, se felicitó ayer de la eficacia de los cuerpos de seguridad al detener a los presuntos agresores. La alcaldesa se mostró convencida de que "las pruebas obtenidas por la investigación permitirán que se resuelva este caso justamente".

De Madre pidió a la justicia "una actuación con celeridad" e insistió en que "ahora es necesario profundizar en las tareas de prevención para evitar que se repitan casos como este crimen horrible". En opinión de la alcaldesa de Santa Coloma, "hay que luchar contra la marginalidad y permitir un reparto justo de los recursos para evitar este tipo de conflictos".

De Madre se puso ayer en contacto con la familia de Carlos Javier Robledo Peña, a la que informó de las primeras detenciones en relación con el crimen. La familia agradeció ayer las diversas muestras de solidaridad recibidas por parte de los ciudadanos tras el suceso.