Todos los sindicatos y las administraciones forales y municipales pactan las 35 horas

Los sindicatos y los responsables de la Administración local y foral de Euskadi han llegado a un acuerdo de regulación de las condiciones de empleo del personal para los ejercicios 2000-2001 que incluye la reducción de la jornada laboral a 35 horas. El acuerdo, que afecta a 23.000 trabajadores, fue suscrito ayer por las centrales sindicales ELA, LAB, CC.OO. y UGT, así como por Eudel (la asociación de municipios vascos), y las diputaciones forales, a excepción de Álava, ya que el PP no se ha sumado al convenio y el PSE, también con representación en estas insituciones, ha aplazado su firma hasta la próxima semana. El texto plantea medidas tendentes a la creación, reparto, calidad y estabilidad del empleo. En este sentido, establece una jornada laboral de 35 horas que se implantará como fecha límite en el 2001. En el acuerdo, se señala que en las instituciones donde no se implante la jornada de 35 horas en el año 2000, la jornada laboral de las entidades locales y forales tendrá una duración máxima de 1.632 horas efectivas. Para el año 2001, se establece que la jornada tendrá una duración máxima de 1.592 horas efectivas anuales.

En materia de incrementos salariales, se incluye un aumento del 3 por ciento para el año 2000 y para el 2001 el IPC del año anterior más 0,3%. En los aspectos referidos a creación de empleo, el convenio plantea incluir en la Oferta de Empleo Público las vacantes presupuestarias existentes y las plazas que se necesiten cubrir como consecuencia de la reducción de la jornada laboral en ambos años.

Solución a los interinos

La vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia, anunció ayer en el Parlamento que el Gobierno estudiará vías de solución para los trabajadores interinos de la Administración que no obtengan plaza de funcionarios en la convocatoria de la oferta pública de empleo (OPE) anunciada hace dos semanas. Zenarruzabeitia, que compareció en su condición de consejera de Hacienda y Administración Pública, no concretó en qué pueden consistir esas "vías de solución", pero sí, en una ligera marcha atrás, señaló que se estudiarán una vez que la convocatoria se haya celebrado y resuelto. Durante la comparecencia de la consejera, los sindicatos ELA, UGT y LAB celebraron una concentración en las inmediaciones del Parlamento, en la que se corearon gritos pidiendo la dimisión de Zenarruzabeitia.

La consejera acudió a la Cámara a petición propia, para explicar en comisión a los grupos parlamentarios la OPE de 750 plazas que presentó hace quience días en rueda de prensa. Negó que la oposición vaya a dejar "en la calle" a trabajadores interinos, que en número de 1.132 ocupan plazas vacantes, en algunos casos desde hace diez años. En estos momentos, el 22% del personal de la Administración se encuentra en esa situación. Zenarruzabeitia se marcó el objetivo de reducir la cifra hasta sólo un 5% de la plantilla total, que cuantificó en 4.600 empleados. El Gobierno apuesta, dijo, por acabar con esas situaciones de provisionalidad pero también explicó que la OPE "no garantiza plazas para todos, porque no es posible y no sería legal".

Idioa Zenarruzabeitia reiteró por otra parte, a preguntas del grupo socialista, la voluntad del Gobierno de cubrir las plazas vacantes que se originen como resultado de la reducción de la jornada a 35 horas semanales, pero advirtió que ese proceso no se contemplará en la actual oferta pública de empleo, sino en otras.